CIDH escucha casos de autoridades indígenas criminalizadas por defender la tierra y el agua en la región

Autoridades indígenas de Perú, Chile, Guatemala y Paraguay, así como defensoras del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS/IILS) y de una coalición de organizaciones de derechos humanos de la región, se hicieron presentes en Washington D.C. para hacer oír su voz en la audiencia pública denominada «Situación de derechos humanos de defensores y defensoras del medio ambiente en el contexto de las industrias extractivas en América».

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Publicado: 2015-10-22

IIDS-Washington/Octubre, 2015.- La ciudad de Washington D.C. ha sido sede de 156° Periodo de secciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se han reunido representantes de organizaciones indígenas, defensores de derechos humanos y Estados de la región, para audiencias públicas y reuniones de trabajo.

El lunes 19 de octubre de 2015, autoridades indígenas de Perú, Chile, Guatemala y Paraguay, así como defensoras del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS/IILS) y de una coalición de organizaciones de derechos humanos de la región, se hicieron presentes en Washington D.C. para hacer oír su voz en la audiencia pública denominada «Situación de derechos humanos de defensores y defensoras del medio ambiente en el contexto de las industrias extractivas en América». Rose-Marie Belle Antoine, Presidenta de la CIDH y Relatora de pueblos indígenas; Rosa María Ortiz, Comisionada de la niñez; y Paulo Vannuchi, Comisionado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, les escucharon con atención.

Audiencia con los Comisionados Ortiz, Antoine y Vannuchi / Créditos: CIDH

Los tres ciclos históricos de invasión

Antes de la presentación de casos de líderes/as indígenas perseguidos/as por defender sus territorios, Raquel Yrigoyen Fajardo, miembro del IIDS, explicó que estos casos se dan en el contexto del tercer ciclo histórico de invasión de los territorios indígenas. El primero fue en el siglo XVI con la llegada de los europeos. El segundo se dio en el siglo XIX, durante la formación del Estado-nación, por los criollos, quienes lograron apropiarse de las tierras que habían sido de «pueblos de indios». También en ese siglo, los nuevos estados como Chile y Argentina hicieron guerras de anexión territorial, como en el caso del pueblo mapuche. Y, durante los últimos 30-40 años, se han dado dos procesos con tendencias opuestas. De un lado, se ha desarrollado el derecho internacional de los pueblos indígenas. Y, de otro, las políticas derivadas del llamado «Consenso de Washington» que han facilitado la presencia de corporaciones trasnacionales en territorios de pueblos indígenas, para la extracción de recursos naturales. En ese marco, se da la resistencia de los pueblos indígenas frente a megaproyectos extractivos y de infraestructura que no cuentan con su consentimiento. Ello es contestado por los Estados con la persecución de los líderes indígenas.

Manuel Ramos y Raquel Yrigoyen Fajardo / Créditos: CIDH

Caso del megaproyecto minero Conga

Manuel Ramos Campos, autoridad rondera de Bambamarca y Consejero del Gobierno Regional de Cajamarca presentó el caso de los pueblos, comunidades y rondas campesinas afectados por el megaproyecto minero Conga, considerado como el más grande proyecto minero de extracción de oro de Sudamérica. Dicho proyecto pertenece al consorcio Yanacocha, conformado por la empresa norteamericana Newmont (51%), la empresa peruana Buenaventura (44%) y el Banco Mundial (5%). Este megaproyecto pretende crear un «distrito minero» mediante el secamiento de todo un sistema hídrico en la región de Cajamarca. Ello tendrá un impacto significativo en las condiciones de vida y subsistencia de los pueblos originarios, organizados en comunidades y rondas campesinas quienes no fueron consultados y no dieron su consentimiento. Dado este impacto, los pueblos organizaron una gran resistencia. Para quebrar la misma, el Estado declaró estados de emergencia, militarizó la zona, causando cinco muertes y centenares de heridos; y viene persiguiendo a sus líderes.

El caso de Gregorio Santos Guerrero

Leider Calva Guerrero presentó el caso de su hermano Gregorio Santos Guerrero, comunero, rondero, y reelecto Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, uno de los líderes emblemáticos en la oposición al megaproyecto minero Conga. En respuesta a las demandas de las comunidades y rondas campesinas, como Presidente Regional, promulgó la Ordenanza Nº 036 que declara la intangibilidad de las fuentes de agua en la región y la inviabilidad del megaproyecto minero Conga, por violar derechos ambientales y humanos. A raíz de ello, el Estado y la empresa minera le han iniciados numerosas denuncias, por distintos motivos, llegando a tener 106 procesos. Tiene un mandato arbitrario de prisión preventiva por 25 meses, habiendo cumplido 16 meses en un penal de alta seguridad, bajo el régimen más estricto, encerrado junto con exmilitares autores de masacres a indígenas.

Guatemala

Edgar De León, abogado maya quiché, presentó el caso de dos autoridades indígenas q´anjob´al y miembros del Gobierno Plurinacional de la Nación Q'anjob'al, Chuj, Akateka, Popti y Mestiza de Guatemala, Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar. Estas autoridades han sido acusadas de haber cometido delitos de coacción, secuestro, instigación a delinquir, entre otros, por liderar la oposición contra dos megaproyectos hidroeléctricos: Hidro San Luis e Hidro Santa Cruz. Actualmente, ambas autoridades indígenas se encuentran detenidas en centros penitenciarios, debido a una resolución judicial arbitraria de prisión preventiva, sin tomar en cuenta su condición indígena. La persecución va acompañada de ataques y amenazas contra la vida e integridad de los líderes y lideresas indígenas.

Caso de la lonko Juana Calfunao, pueblo Mapuche

Juana Calfunao, lonko de la Comunidad Juan Paillafef del pueblo mapuche, y el abogado Juan Jorge Faundes explicaron que dicha Lonko y su comunidad vienen sufriendo graves ataques y amenazas, así como investigaciones penales y privaciones de la libertad arbitrarias por liderar la resistencia frente a la imposición de un camino público que atraviesa su comunidad. La construcción de este camino, que sólo sirve a hacendados y al turismo de lujo, ha enfrentado al Estado con esta comunidad mapuche por cuatro generaciones. Por el contrario, el Ministerio Público ha archivado todas las denuncias por los atentados sufridos por la lonko Juana y su familia. No obstante esta persecución, la lonko ha declarado que «seguiremos en resistencia».

Abogado Juan Jorge Faundes y Juana Calfunao, lonko de la Comunidad Juan Paillafef del pueblo mapuche. / Créditos CIDH

Peticiones

Al terminar los testimonios de casos, Zulma Villa Vílchez, abogada miembro del IIDS, solicitó a la CIDH que cese la criminalización de los pueblos indígenas, sus miembros y defensores, por resistir frente a la invasión de sus territorios, y que los Estados de la región respeten la libre determinación de dichos pueblos y que no impongan megaproyectos sin el consentimiento de los mismos.

Zulma Villa Vílchez, IIDS con abogados y autoridades indígenas / Créditos: CIDH

Reuniones de trabajo sobre casos del Perú

Una nutrida agenda ha tenido el Comisionado James Cavallaro, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y a cargo de los casos del Perú, así como las organizaciones de derechos humanos y los funcionarios del Estado peruano con más de seis reuniones de trabajo el día miércoles 21 de octubre 2015.

Entre éstas, la CIDH convocó a reuniones para promover acuerdos para el cumplimiento, por parte del Estado, de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en los casos de pueblos indígenas siguientes:

(i) los pueblos en aislamiento mashco piro, yora y amahuaca;

(ii) los líderes/as de los pueblos originarios, comunidades y rondas campesinas de Cajamarca, la familia Chaupe y el comunicador social César Estrada; y

(iii) el comunero rondero Gregorio Santos Guerrero.

Comisionado James Cavallaro / Créditos: CIDH

Comentarios de líderes

«Hemos tenido una larga jornada. Ha significado un gran esfuerzo para nosotros poder llegar hasta esta ciudad de Washington para ser escuchados, pero nos vamos contentos porque hemos logrado acordar una reunión de trabajo con el Estado para dar cumplimiento a la Medida Cautelar del Caso Conga en la primera quincena de noviembre» señaló Manuel Ramos.

De su parte, Leider Calva Guerrero comentó: «Hemos tenido un gran trabajo en equipo para preparar la Audiencia. Agradezco al IIDS por su profesionalismo. Sólo espero que el Estado cumpla con la Medida Cautelar que la CIDH otorgó a mi hermano Goyo, para no tener que volver en el siguiente período de sesiones».