IIDS/Abril, 2016.- El comunicador social indígena César Estrada Chuquilín volvió a recibir amenazas de muerte. Esta vez, no fueron anónimas. Según relató, éstas habrían sido realizadas por un trabajador de la Empresa Minera Yanacocha. Se trataría de Segundo Reynaldo Tacilla Flores, quien también amenazó de muerte al rondero Víctor Cueva Lozano.

Estos hechos ocurrieron a las diez y media de la mañana del martes 05 de abril. Ese día, César Estrada asistió a la audiencia de instalación de juicio oral programada en el Juzgado Penal Colegiado de Cajamarca, en calidad de imputado, por el presunto delito de secuestro y hurto, en agravio de Rosalía Huamán Marchena, persona que también lo amenazó de muerte.

Lamentablemente, por tercera vez se suspendió la Audiencia de Juicio Oral en contra de César Estrada y otros dos ronderos, a quienes se les imputa los presuntos delitos de secuestro y hurto agravado, por lo cual el Ministerio Público solicita 33 años de pena privativa de la libertad. La audiencia se suspendió porque se estarían realizando trámites administrativos para la reconformación de los Juzgados Colegiados.

Tras la suspensión de la audiencia, Segundo Reinaldo Tasilla Flores, trabajador de la empresa minera Yanacocha, del Caserío San Nicolás, se dirigió a César Estrada y le dijo: “Tú y al otro [refiriéndose a Víctor Cueva Lozano], te voy a matar” e intentó agredirlo. Ante ello, César Estrada atinó a escaparse; sin embargo, este señor, al momento de salir del Poder Judicial, se encontró con otras personas, dentro de las cuales se encontraba Rosalía Huamán Marchena, presunta agraviada. Ambos abordaron una camioneta de placa B40-956 y la señora Rosalía Huamán Marchena le gritó: “Te vamos a encontrar, no lo olvides”.

César Estrada intentó presentar su denuncia y, además, exigir el cumplimiento de la Medida Cautelar (MC) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Gobernación de Cajamarca; sin embargo, esta institución se negó recibir su solicitud, y le indicaron que se dirigiera a la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) a presentar su testimonio. Cuando César se presentó ante la DIRINCRI, un efectivo de la misma, vestido de civil, ordenó que no se recibiera dicha denuncia. Este sujeto también insultó a su esposa y cuando César le pidió que se identificara, este se negó y siguió insultándole tildándole de «extremista», pese a explicarle que es beneficiario de una MC ante la CIDH.

Debido a que ninguna institución del Estado quiso recibir su denuncia, el comunicador social indígena hizo público los hechos en su cuenta en Facebook: «Raul Tasilla, trabajador de la Empresa Minera Yanacocha, del caserío San Nicolás, de manera matonesca, hoy me amenazó de muerte, en la misma corte superior de Cajamarca, sede Quampañan. Responsabilizo de lo que me pueda suceder.

Luego de ello, César Estrada tuvo que regresar nuevamente a la DIRINCRI. Esta vez, acompañado de un abogado para presentar su denuncia por la amenaza de muerte contra él y Víctor Cueva Lozano, por parte de Segundo Reinaldo Tasilla Flores y Rosalía Huamán Marchena (presunta agraviada en el proceso penal seguido su contra).

Como se recuerda, lo acontecido hoy no es algo nuevo en la vida del comunicador indígena. Según relató, este hostigamiento empezó desde el año 2011, fecha en la que se iniciaron las protestas contra la imposición violenta, no consentida e inconsulta del megaproyecto minero Conga. Desde aquel entonces, él señaló que ha sido víctima de amenazas de muerte por llamadas telefónicas, mensajes de texto, pero también de agresiones físicas por parte de personal de la Policía y/o trabajadores de la Empresa Yanacocha.

En mayo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó, junto con otros 46 líderes ronderos, la familia Chaupe y otro rondero, una Medida Cautelar (Resolución CIDH 9/2014), por encontrarse su vida e integridad en situación de riesgo grave, urgente y de irreparabilidad. Ello, por difundir como comunicador social indígena la imposición violenta del megaproyecto minero Conga. A través de esta resolución, la CIDH requirió al Estado peruano que adoptara medidas de protección para garantizar su vida e integridad; sin embargo, hasta la fecha, el Estado no ha cumplido dicho mandato internacional. La desprotección del Estado a los beneficiarios de la Medida Cautelar ha servido para agravar la situación de riesgo de los mismos. En el caso de César Estrada, él se ha visto en la obligación de detener su labor como comunicador social, mientras vela por su integridad y la de su familia.

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