IIDS/Abril, 2016.- El Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS) entregó una propuesta de agenda indígena en materia de territorio ante el Grupo de Trabajo «Seguimiento del proceso de titulación de Tierras y Comunidades Indígenas» de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República. La propuesta consta de un listado de diez aportes centrales para la titulación de la propiedad territorial de los pueblos indígenas u originarios en el Perú, teniendo en cuenta las obligaciones jurídicas del Estado y la «Agenda Política Indígena» del Pacto de Unidad de organizaciones indígenas nacionales. Así, el documento indica que los diez puntos son «principios mínimos para la titulación de las comunidades y pueblos, de modo que el Estado cumpla con la deuda histórica que tiene con los pueblos».   

La reunión se llevó a cabo el cinco de abril y fue presidida por Eduardo Nayap Kinin, en su condición de Congresista de la República y Coordinador del Grupo de Trabajo «Seguimiento del proceso de titulación de Tierras y Comunidades Indígenas». También, estuvieron presentes miembros del Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio del Ambiente, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La doctora Raquel Yrigoyen Fajardo, vicepresidenta del IIDS y docente PUCP, fue invitada en representación del IIDS para ofrecer aportes en la búsqueda de solución a la problemática de titulación de tierras de los pueblos indígenas.

Titulación por pueblos y no solo por comunidades.- La doctora Raquel señaló que se debe hacer la titulación por pueblos y no solo por comunidades, cuando los pueblos así lo demanden. Además dijo que esta titulación sería más eficiente, más barata y rápida, que por comunidades.

Titulación de la propiedad de los bosques a favor de los pueblos.- La propuesta presentada por el IIDS también sugiere la eliminación de la figura de la «cesión en uso» respecto de las áreas forestales. Esto con el fin de que se titule tales áreas forestales «en propiedad» de los pueblos indígenas. Así, el documento señala que es «necesario un compromiso serio del Estado para la titulación del territorio integral ancestral de los pueblos indígenas incluyendo la propiedad de los bosques o áreas forestales. Ello requeriría un cambio del art. 12 de la Ley de Comunidades Nativas; y, en todo caso, que los funcionarios apliquen directamente la Constitución y Convenio 169 de la OIT por encima de normas inconstitucionales».

Eliminación de la figura de «abandono».- La doctora Raquel también señaló que esta figura debe eliminarse para garantizar la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los territorios indígenas.

Que no se titule individuos dentro de territorios comunales.- «Debe estar prohibido que programas como los que hubo de COFOPRI o el BID o el actual proyecto PTR3, fomenten y titulen propiedades individuales dentro de territorios colectivos, pues los fracturan y, finalmente, disuelven, violando el derecho colectivo a la propiedad territorial indígena», señala el documento presentado por el IIDS.

No exigencia de pérdida de propiedad a cambio de servicios públicos.- La doctora Raquel también dijo que es importante que el Estado ni privados exijan la donación o entrega en propiedad de parte del territorio colectivo indígena para hacer escuelas, postas, agua y desagüe, postes, espacios para antenas, etc. Señaló que hacerlo es discriminación.

No injerencia de Municipios para debilitar la propiedad indígena.- El documento señala que los municipios no debieran otorgar certificados de posesión a terceros dentro del territorio de las comunidades, pues eso fractura la propiedad territorial y viola la autonomía comunal garantizada en el art. 89 de la Constitución.

No creación de centros poblados sino reconocimiento del autogobierno.- La doctora Raquel señaló que la creación de centros poblados dentro del territorio de las comunidades genera que las comunidades pierdan la propiedad colectiva de donde se reconocen dichos centros poblados.

Cambio de la legislación minera y normativa de concesiones.- La doctora Raquel Yrigoyen también señaló que la legislación minera dada en 1992, por Decreto Supremo, luego del golpe institucional que hizo el gobierno de Fujimori, introdujo figuras inconstitucionales que han permitido que las comunidades pierdan la propiedad de sus territorios. Por tanto, señaló que la Constitución exige que las normas sobre otorgamiento de concesiones deben ser «leyes orgánicas» mientras que la norma de 1992 es un Decreto Supremo otorgado por un gobierno dictatorial.

Paquetazos ambientales.- La propuesta presentada por el IIDS también señala que debe eliminarse toda figura que viola la autonomía y propiedad territorial indígena y debilita la propiedad comunal indígena.

No exigir la asociatividad para beneficiarse de actividades empresariales.- Finalmente, el documento señala que no debe exigirse asociatividad para beneficiarse de actividades empresariales, pues eso significaría fraccionar a la comunidad.

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