Consejo Directivo del pueblo indígena Kañaris reafirma su posición de no vender su territorio para acceder a internet

En seguimiento de la Reunión de Fiscalización, convocada por el Congresista Nayap, el presidente de la Comunidad Campesina San Juan de Kañaris reiteró la solicitud de modificación del contrato firmado entre FITEL y Telefónica del Perú. Pueblo indígena Kañaris sí quiere contar con el servicio público del Internet, pero sin que eso signifique la vulneración de sus derechos.

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Publicado: 2016-06-08

IIDS/Junio, 2016.- El presidente de la Comunidad Campesina San Juan de Kañaros, identificada como pueblo indígena u originario de Kañaris, reiteró ante representantes del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones-FITEL, Pro Inversión, Telefónica del Perú y Defensoría del Pueblo que su pueblo sí quiere contar con el Servicio Público de Internet, pero enfatizó nuevamente que no quiere vender parcelas de su territorio para ser beneficiario de dicho servicio público.

Estas declaraciones fueron realizadas durante la segunda audiencia pública de fiscalización, convocada por el Congresista Eduardo Nayap, con el objetivo de que las instituciones implicadas pudiesen dar una solución a la implementación del Proyecto de conectividad integral antes mencionado, sin que ésta implique la vulneración de los derechos indígenas de Kañaris. La sesión se llevó a cabo el jueves 26 de mayo en el Congreso de la República.

El «Proyecto de conectividad integral de banda ancha para el desarrollo social de la región de Lambayeque» es subsidiado por el FITEL y tiene como objetivo lograr la conectividad de las “zonas rurales” de Lambayeque. La Comunidad Campesina San Juan de Kañaris es una de las comunidades beneficiadas de este proyecto; no obstante, ha denunciado que se les imponga la modalidad de compra-venta de parcelas de territorio para que se instale la infraestructura requerida para contar con este servicio público.

Roberto Reyes Rinza, presidente de la Comunidad Campesina San Juan de Kañaris, participó en la audiencia junto a Rosa Sara Huamán Rinza, Ex miembro de la Junta Directiva y Encargada de la unidad local de empadronamiento de la Municipalidad Distrital de Kañaris. Ambos propusieron que en vez de una compra-venta, la Comunidad firme un contrato de alquiler, que podría ser renovado cada diez años. Roberto Reyes señaló, además, que kañaris se compromete a brindar todas las garantías de seguridad necesarias para que implemente este proyecto.

Roberto Reyes, presidente de la C.C. San Juan de Kañaris Rinza, y Rosa Sara Huamán Rinza, miembro de la Comunidad y Encargada de la Unidad Local de Empadronamiento de la Municipalidad Distrital de Kañaris. /
Créditos: Isabel López Meza (IIDS)

Más de veinte horas viajaron Roberto Reyes Rinza y Rosa Sara Huamán Rinza para asistir a la audiencia. «Venimos para escuchar las respuestas y llegar a un acuerdo. Traigo el mensaje de mi pueblo. No estamos contra el proyecto de Internet que se va a instalar. Queremos alquilar. Hago el pedido de que nos cambien el contrato de venta a alquiler», dijo el presidente de la comunidad al iniciar su intervención.

Por su parte, Rosa Sara Huamán Rinza señaló la importancia de que su comunidad pudiera contar con internet, no solo las escuelas y los centros de salud, sino también la Municipalidad, pues tienen que movilizarse a Chiclayo para realizar sus funciones: «Como trabajadora de la municipalidad, tenemos dificultad de viajar a Jaén o Chiclayo para ingresar al padrón general de hogares».

César Bernabé Pérez, representante del área legal del FITEL dijo que su institución ha fomentado proyectos para llevar desarrollo a comunidades de largo aliento. También, dijo que se encuentran evaluando el uso de la figura de cesión en uso, pero de forma gratuita, porque «el Estado no tiene dinero para pagar». Frente a ello, Rosa Sara Huamán dijo: «Nos sentimos excluidos. ¡Cómo es que toman decisiones que nos afectan sin evaluar y llegamos a este punto! Que haya una buena voluntad. Lo que hemos quedado es que se dará en cesión en uso, pero en arrendamiento. Por ejemplo, tenemos antenas de Claro y pagan a los posesionarios mensualmente. Si le decimos a la población que es cesión en uso y que no van a pagar, se generaría un conflicto interno en la población, porque ellos tienen entendidos que tienen que dar una parte a la comunidad y al posesionario. No queremos problemas. (…) Sí queremos desarrollo pero de acuerdo a cómo nosotros queremos desarrollar».

Efectivamente, este Proyecto tiene un fin loable y beneficioso para las comunidades; no obstante, no solo no fue consultado con los pueblos indígenas, sino que contiene un condicionamiento de compra-venta de parcelas de territorios indígenas que viola el derecho de propiedad de tales pueblos.

Como fue indicado por Briggitte Jara, asesora de Kañaris y miembro del Equipo de Litigio Estratégico del IIDS, el Estado peruano está obligado a respetar no solo la normativa constitucional sino también la normativa internacional, que además tiene rango constitucional. Ella señaló que al elaborarse este Proyecto el Estado no tuvo en cuenta ninguna norma que protege los derechos indígenas. Especialmente, el Convenio 169 de la OIT fue dejado de lado, a pesar de estar vigente en el Perú desde 1995. Asimismo, ella indicó que no resulta aplicable el Reglamento de la Ley de Consulta Previa, respecto a que en casos de servicios públicos el Estado no está obligado a consultar, pues por jerarquía normativa, un Reglamento no puede limitar un derecho reconocido en un tratado internacional, como el Convenio 169 de la OIT, que tiene jerarquía constitucional.

Los representantes de Pro Inversión y la Defensoría del Pueblo señalaron que lo que viene haciendo Kañaris debe ser tomado como una oportunidad, ya que la denuncia y la búsqueda de una solución permitirían prevenir posibles conflictos sociales en el futuro; especialmente, porque el Proyecto de Conectividad Integral se está implementado en diversas partes del país.

Los representantes de FITEL acordaron que, en el marco de una semana y en coordinación con Kañaris y sus representantes legales, emitirían una propuesta de solución y promoverían una reunión con el Directorio del FITEL, quien tiene la decisión política final; sin embargo, después de la semana de plazo, el pueblo de Kañaris no recibió ninguna propuesta de solución.

La Junta Directiva de la Comunidad Campesina San Juan de Kañaris espera una solución antes del cambio de gobierno y sin que su Comunidad tenga que optar por acudir a las vías judiciales.

El Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS) es el representante legal del Pueblo Indígena de Kañaris.