Hace cuatro años, desde Cajamarca, fui testigo de cómo el Gobierno peruano, usando los mismos mecanismos violentos de gobiernos autoritarios de la época del conflicto armado, una vez más, enlutaba a los pueblos originarios e indígenas de esta región. Ello, por defender “el agua y la vida” y sus territorios ancestrales, frente a la imposición ilegal de un megaproyecto extractivo minero Conga, que pone en grave riesgo su subsistencia como pueblos originarios.  

La imposición violenta del megaproyecto Conga, por parte del Gobierno peruano y las fuerzas armadas, trajo como consecuencia centenares de ronderos campesinos heridos y la muerte de cinco personas, entre ellos un menor de edad: Faustino Silva Sánchez (35), Joselito Vásquez Jambo (27), Antonio Sánchez Huamán (29), Paulino García Rojas (40), César Medina Aguilar (16).

El uso ilegal de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, el 03 y 04 de julio del 2012, en las provincias de Celendín, Hualgayoc-Bambamarca y Cajamarca fue tal que, nos obligó a muchos de nosotros tener que pernoctar en las iglesias. Recuerdo haber sido casi cargada al interior de la iglesia San Francisco en Cajamarca después de que la carpa de salud, que se encontraba en los jardines de la iglesia, fuese atacada con gas pimienta por las Fuerzas Armadas. En esa carpa, había una campesina recuperándose de una hemorragia vaginal que había sido producida por los golpes de la policía, y decenas de niños con quienes nos encontrábamos tirados en el piso para que ninguna bala perdida pudiera herirnos. Cuando pensábamos estar a buen recaudo, la policía ―sin ningún reparo― lanzó directamente a la carpa decenas de casquillos de gas pimienta que, en menos de un segundo, terminó de asfixiarnos a todos. Cómo no recordar también en esta fecha al ángel de los ronderos, el padre Isaac Shaguano, hoy presente en el corazón de cada una de las familias campesinas ronderas y en el corazón de quienes conocimos su labor solidaria. 

Después de que las rondas campesinas de estas tres provincias y la sociedad civil organizada denunciáramos estos hechos violentos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ésta sacó un Comunicado de Prensa, el 6 de julio del 2012. En este comunicado, la CIDH recordó al Estado peruano “su obligación de esclarecer judicialmente las muertes de estas personas y los hechos de violencia, sancionar a los responsables, y reparar las consecuencias…” ; sin embargo, cuatro años después, poco o nada ha hecho el Sistema de Justicia del Perú para cumplir con esta obligación internacional, en el marco de respeto de los estándares interamericanos de derechos humanos, tal como lo señaló la CIDH.  

A cuatro años de estos lamentables sucesos en Celendín, Hualgayoc-Bambamarca, y Cajamarca, queremos llamar la atención al Sistema de Justicia del Perú para que no siga reproduciendo prácticas antidemocráticas (criminalización de líderes indígenas y ronderos por la defensa de sus territorios) y de impunidad que nos comprometen internacionalmente a todos los peruanos. También, recordar a todos los funcionarios del Estado peruano que hay una obligación internacional pendiente con las familias de los fallecidos, lesionados y el pueblo de Bambamarca, Celendín y Cajamarca; la justicia y la reparación integral para todos ellos no puede seguir esperando.

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