Conga: Beneficiarios de Medida Cautelar otorgada por la CIDH acuerdan con el Estado evaluar su cumplimiento e implementación cada cuatro meses
Beneficiarios de las medidas cautelares y su representación legal se reunieron con distintos sectores del Estado Peruano en la ciudad de Lima.
IIDS/Julio, 2016.- Como beneficiarios de una Medida Cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frente a la represión ilegal contra las comunidades y rondas campesinas de la región Cajamarca, César Estrada, Eduar Rodas, Milton Sánchez y Walter Castañeda viajaron hasta la capital para sostener una reunión con representantes del Estado. Ellos, junto a otros 44 líderes y lideresas ronderas, la familia Chaupe y el rondero Luis Mayta, cuentan con una resolución de la CIDH, que obliga al Estado peruano adoptar medidas para proteger su vida e integridad, que se encuentra en riesgo grave y urgente. ¿La razón? Su liderazgo en la resistencia de sus pueblos frente a la imposición violenta del megaproyecto minero Conga por parte del gobierno.
La reunión de trabajo con el Estado se llevó a cabo el jueves 28 de junio, en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS). Debido al costo económico que significa viajar desde Cajamarca hasta Lima, solo cuatro de los 54 beneficiarios pudieron asistir a la reunión con el Estado. Ellos estuvieron acompañados por su representación legal a cargo del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS): Zulma Villa Vílchez, abogada responsable de Litigio Internacional; y María Torres Sánchez, abogada.
En representación del Estado, estuvieron presentes el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS); el Ministerio de Salud (MINSA); y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La reunión fue presidida por Luis Huerta, Procurador Pública Especializado Supranacional (PPES) del MINJUS.
Durante la reunión de trabajo en el Ministerio de Justicia. / Créditos: Archivo fotográfico de César Estrada
En la reunión, los beneficiarios señalaron que la falta de implementación efectiva de la Medida Cautelar por parte del Estado incrementó la situación de riesgo grave a la vida e integridad de algunos de ellos, como son César Estrada, Eduar Rodas, la familia Chaupe Acuña, entre otros. En los dos primeros casos, las amenazas y seguimientos han alcanzado a sus familiares. En el caso de Estrada, incluso a sus abogadas. César dijo que él, desde el año pasado hasta la actualidad, ha sufrido más de un intento de asesinato; así como constantes hackeos de sus cuentas personales y amenazas de muerte por celular, incluso contra sus abogadas. También, dijo que la Policía Nacional se ha negado a brindarle seguridad policial, alegando que no le corresponde al Departamento de Seguridad del Estado del Frente Policial de Cajamarca dar cumplimiento a la Medida Cautelar.
Los beneficiarios también informaron al Estado que la criminalización arbitraria ha alcanzado a su representación legal. En este caso, a la abogada del IIDS, Zulma Villa, quien cuenta con aproximadamente siete denuncias ante la Fiscalía de Prevención del Delito e impulsadas todas por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público del Ministerio del Interior. Además, precisaron que entre los delitos por los cuales se les denuncia, preventivamente, a los beneficiarios y a su abogada figuran, indistintamente, desde obstrucción en la función de los servicios públicos, desorden civil, usurpación, violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones hasta rebelión y apología. Eduar Rodas dijo que tiene, al menos, 200 denuncias; Milton Sánchez, más de 60; Walter Castañeda , 13; y César Estrada, 5, en una de ellas la Fiscalía ha solicitado ante el Poder Judicial 33 años de pena privativa de libertad en su contra.
Con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento e implementación efectiva y concertada de la Medida Cautelar por parte del Estado peruano, los/as beneficiarios/as, su representación legal, como los representantes del Estado acordaron, entre otras cosas que, las reuniones serán cada cuatro meses, siendo la próxima reunión la primera semana de octubre de 2016.
Los beneficiarios como su representación legal (IIDS) esperan que el Estado peruano cumpla e implemente el mandato internacional de la CIDH, y adopte urgente medidas de protección efectivas y concretas a favor de los beneficiarios, cuya vida e integridad, se encuentra en grave riesgo.
Notas interés:
- ¿Cuánto de pesadilla quedará todavía? Retrato de un comunicador indígena en el caso Conga
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Medio de información del IIDS que da cuenta de casos de litigio estratégico en derechos indígenas y otros derechos humanos colectivos.
