Temas controvertidos, como la responsabilidad extraterritorial de corporaciones internacionales con relación a actividades extractivas, si los pueblos pueden oponerse a tales actividades dentro de sus territorios (el llamado “derecho de veto”) y la construcción de Estados Plurinacionales, fueron materia de debate durante los dos días del VII Seminario Internacional sobre Derecho de Pueblos Indígenas. Este fue desarrollado en dos partes, el 5 y 10 de agosto de 2016, en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en el marco de la Diplomatura de Estudio Internacional en Litigio Estratégico en Derechos Indígenas, coorganizada por la PUCP y el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS).  

Inauguración. La inauguración del VII Seminario Internacional estuvo a cargo de la Doctora Elena Alvites, Directora de Estudios de la Facultad de Derecho de la PUCP, y la Doctora Soraya Yrigoyen F, presidenta del IIDS.

Primer día: Libre determinación, descolonización y Estado Plurinacional. 

Raquel Yrigoyen Fajardo, Coordinadora de las Diplomatura referida, presentó el tema señalando que, a raíz de las políticas del “Consenso de Washington”, actualmente nos encontramos con retos del cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el marco del tercer ciclo histórico de invasión de los territorios de los pueblos indígenas: el primer ciclo en el siglo XVI y el segundo, en el siglo XIX.

Bartolomé Clavero (España) explicó que los orígenes del derecho internacional actual estuvieron marcados por una ideología de carácter racista y colonialista. De allí ha habido un gran avance a la fecha, en la que se reconoce la libre determinación de los pueblos indígenas, lo que da base para la construcción de Estados Plurinacionales. Esto plantea una agenda de descolonización de los Estados.

Carlos Ramos, historiador del Derecho y actual Magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, hizo un recuento del reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas en el Perú. Desde 1920 hasta la fecha, las constituciones peruanas han reconocido la existencia legal y la propiedad de las tierras comunales indígenas. Sin embargo, el incumplimiento de este derecho es uno de los que más conflictos genera en la actualidad. 

Juan Navarrete (Venezuela), representante del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), explicó que en las últimas décadas, como parte de los procesos de democratización, los Estados se han obligado a un conjunto de normas internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, no han adecuado sus normas nacionales, lo que es fuente de incumplimiento de tales normas internacionales. Frente a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido el principio de convencionalidad por el cual todas las entidades públicas están obligadas a aplicar dichos tratados derechos humanos por encima de normas nacionales contrarias.

Segundo día. Los derechos de los pueblos indígenas frente a actividades extractivas. 

Isabel Madariaga (Chile), coordinadora de la Relatoría de Pueblos Indígenas en la CIDH (2000-2013) explicó los estándares de la Corte Interamericana sobre “El derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas”. Este es un tema controversial porque las normas nacionales y el Tribunal Constitucional del Perú han establecido que los pueblos indígenas no tienen el derecho de oponerse o “vetar” proyectos. Por el contrario, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha establecido la obligación de los Estados de no otorgar concesiones sin contar con el consentimiento por parte de los pueblos, como en la sentencia del pueblo Saramaka vs Surinam.

Juan Pablo Albán (Ecuador), especialista principal de la Comisión CIDH (2003-2009), participó con el tema “El derecho a la vida e integridad colectiva” y desarrolló los estándares establecidos por tribunales internacionales sobre la materia. Entre ellos, el concepto de “vida digna”, que comprende no solo la vida física sino también todas las condiciones para que la misma se desarrolle de forma íntegra y en todos sus aspectos; el “proyecto de vida”, trabajado para efectos de las reparaciones; y el concepto de sujeto y derechos colectivos, que significa que no solo los miembros de los pueblos son sujetos de derechos sino los colectivos mismos.

Francisco Eguiguren, Vicepresidente de la CIDH y Relator sobre los Derechos de Pueblos Indígenas y sobre los Derechos LGTBI, reseñó el “Informe sobre "Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, industrias extractivas” de la CIDH, publicado este año. Explicó que actualmente no sólo los Estados son responsables por la violación de derechos indígenas a raíz de actividades extractivas en territorios indígenas, sino que las empresas también lo son. Esta responsabilidad es extraterritorial, pues las empresas no solo deben responder por actividades contaminantes dentro de sus sedes, sino también en los países en los que operan.

En seguimiento de las ponencias precedentes, un magistrado supremo y una congresista plantearon los retos que tienen el Poder Judicial y el Congreso. 

Duberlí Rodríguez, Magistrado de la Corte Suprema, señaló los grandes retos que tienen los magistrados nacionales respecto de los derechos de los pueblos indígenas. Explicó la herencia colonial que aun vivimos y que se refleja en el despojo territorial de los pueblos indígenas. También, señaló algunos avances en cuanto al cumplimiento de derechos indígenas, como la contratación de personal bilingüe y emisión de sentencias en idiomas indígenas; algunas sentencias que respetan el pluralismo jurídico, los encuentros de justicia intercultural, entre otros esfuerzos.

Tania Pariona, Congresista recientemente electa, quien se autoidentifica como indígena, enfatizó la deuda del Perú con los pueblos indígenas en la aplicación de convenios internacionales. Así, por ejemplo, la Ley de Consulta Previa, les exige “descendencia directa, idioma y territorio” para su reconocimiento como pueblos indígenas, lo que no es requerido por el Convenio 169 de la OIT. Ante ello, Tania concluyó que: “El reto que tiene el Perú es ver cómo lograr armonizar las normas nacionales con los estándares internacionales”.

Las ponencias fueron seguidas de un rico intercambio con los participantes, dirigentes indígenas y profesionales interesados en estos temas, procedentes de diferentes partes del país, así como de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y España.

Mayor información:

- IIDS/IILS: www.derechoysociedad.org, prensaiids@derechoysociedad.org

Jr. Nazca 458, Of. 101, Jesús María, Lima 11, Tel. (51-1) 330 - 9139.