Las rondas campesinas cumplen 40 años de fundación
Desde el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), saludamos la lucha de las rondas campesinas en defensa de las aguas y territorios frente a la imposición violenta de inconsultos megaproyectos extractivos, el Pluralismo Jurídico Igualitario, la descolonización y la construcción de un Estado, que sea un pacto de pueblos con igual dignidad.
IIDS/ Diciembre 2016.- Hoy, 29 de diciembre, las rondas campesinas cumplen 40 años de fundación, que se traducen en una historia de lucha y defensa por su reconocimiento jurídico nacional como una forma de organización de los pueblos originarios. A manera de reconocimiento, hoy recordaremos algunos hitos de su historia.
Uno de los fundadores, Don Regulo Oblitas, donde convocó por primera vez a las rondas nocturnas, el 29 de diciembre de 1976. / Créditos: Archivo fotográfico de Raquel Yrigoyen Fajardo (IIDS).
Todo empezó un 29 de diciembre de 1976 cuando Don Regulo Oblitas convocó por primera vez a las rondas nocturnas para vigilar a sus comunidades frente al abigeato y crimen organizado. Al año siguiente, Daniel Idrogo y otros impulsaron las rondas con los frentes de defensa. La eficacia de la organización, levantada sobre principios como la reciprocidad andina y otros valores culturales de los pueblos originarios hizo que las rondas campesinas se expandieran ya no solo para combatir a los ladrones chicos, sino también a los grandes; es decir, a las autoridades corruptas.
Las rondas expresaban la demanda de seguridad, justicia, comunalidad y lucha contra las antiguas y nuevas formas de opresión, los hacendados, los gamonales, los poderes locales, las mafias. Y ya con los años se afirmaron como una forma de justicia y autogobierno, con un firme control dentro de su ámbito territorial. Es decir, recuperaron el control territorial a través del ejercicio de la jurisdicción y el autogobierno aún sin propiedad comunal de la tierra, que había sido parcelada, en muchos casos, luego de las haciendas.
Soraya yrigoyen fajardo, presidenta del iids junto a la familia de regulo oblitas. / créditos: archivo fotográfico del iids
En 1992 se llevó a cabo I Encuentro Nacional de Rondas y Operadores Jurídicos. Allí, surgió la propuesta del reconocimiento constitucional de la jurisdicción de comunidades y rondas que se concretó en el artículo 149 de la Constitución.
En 1992 se llevó a cabo I Encuentro Nacional de Rondas y Operadores Jurídicos. / Créditos: Archivo fotográfico de Raquel Yrigoyen Fajardo (IIDS)
En el año 2000, en Bambamarca (Cajamarca), las rondas campesinas hicieron la propuesta de la «nueva ley de rondas campesinas» que se convirtió en la Ley 27908, la cual que reconoce la aplicación de derechos de pueblos indígenas a la rondas.
Raquel yrigoyen fajardo en una asamblea de las rondas en el año 2000. / créditos: archivo fotográfico del iids.
En el año 2004, la Corte Suprema emitió una sentencia que reconoció funciones jurisdiccionales a las rondas. Es decir, pasaron diez años, desde que se había dado la reforma constitucional y se ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, para que la Corte Suprema se pusiera a la altura de los avances internacionales en pluralismo. Y con ello, sentar las bases de una «jurisprudencia pluralista» en el país.
zulma villa, miembro del iids, junto a las rondas campesinas en el año 2000. / créditos: archivo fotográfico del iids
En el año 2006, las rondas campesinas fundaron la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P) para darle una estructura más orgánica a su organización.
Actualmente, las rondas siguen liderando las luchas en defensa de las aguas y territorios frente a la imposición violenta de inconsultos megaproyectos extractivos, el Pluralismo Jurídico Igualitario, la descolonización y la construcción de un Estado que sea un pacto de pueblos con igual dignidad y derechos. Un claro ejemplo de ello es su resistencia frente a la imposición violenta del megaproyecto minero Conga. Así, el 2 de diciembre de 2011, el Pacto de Unidad de las Organizaciones Nacionales de Pueblos Indígenas solicitó una Medida Cautelar (es decir, de protección) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado protegiese la vida e integridad personal de las autoridades y miembros de pueblos indígenas, comunidades campesinas y población en general de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc-Bambamarca, en la región Cajamarca, por encontrarse en una situación de riesgo por su oposición a la ejecución del megaproyecto Conga. La Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P) integra el Pacto de Unidad.
El pedido fue atendido y el 5 de mayo de 2014, la CIDH, a través de la resolución 9/2014, otorgó una Medida Cautelar a favor de 46 líderes y lideresas de las comunidades y rondas campesinas de Cajamarca, el comunicador social César Estrada, el rondero Luis Mayta y la familia Chaupe.
Son casi 5 años de resistencia pacífica de las rondas al megaproyecto minero Conga. Y ellos señalan que seguirán luchando hasta que se declare la nulidad de dicho megaproyecto. Y, desde el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), saludamos la lucha de las rondas campesinas en defensa de las aguas y territorios frente a la imposición violenta de inconsultos megaproyectos extractivos, el Pluralismo Jurídico Igualitario, la descolonización y la construcción de un Estado, que sea un pacto de pueblos con igual dignidad.
Asamblea Nacional de la CUNARC-P en Lima (2015) / Créditos: Archivo fotográfico de Zulma Villa (IIDS)
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rondas campesinas junto al equipo del iids en su primera escuela plurinacional (diciembre, 2016) . / créditos: archivo fotográfico del iids.
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Medio de información del IIDS que da cuenta de casos de litigio estratégico en derechos indígenas y otros derechos humanos colectivos.
