IIDS/ Marzo 2017.- La semana del 13 al 17 de marzo, La comunidad nativa Tres Islas de Madre de Dios, acompañada del equipo legal del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS) reiteró su solicitud de apoyo por parte de las entidades estatales de Madre de Dios para que expulsen a los mineros ilegales que han invadido su propiedad territorial por el kilómetro 24 de la carretera interoceánica. Las entidades a las que se hace el pedido, en vías de coordinación, son el Poder Judicial y Ministerio Público de Madre de Dios, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo. Además, los representantes de la comunidad nativa se reunieron en la ciudad de Lima con el Dr. Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial; con María Elena Foronda, presidenta de la Comisión de Pueblos del Congreso de la República; con la Dra. Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo; esto con el fin de contar su caso y acelerar el proceso de expulsión de los mineros ilegales. 

Poder Judicial de Madre de Dios. La comunidad nativa Tres Islas solicitó a las autoridades del Poder Judicial de Madre de Dios el cumplimiento de la sentencia resuelta por el Tribunal Constitucional en el expediente N.° 1126-2011-HC/TC. Esta, entre otros temas, sostiene que los demandados (entre los que se encuentran las empresas de transporte Los Pioneros SCRL y Los Mineros SAC, además del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior) repongan la caseta y la tranquera de control al interior del territorio comunal de Tres Islas. De este modo, se evitaría el ingreso de los mineros ilegales sin el consentimiento de la comunidad.

La defensa legal (IIDS) de la comunidad se reunió con el juez responsable del proceso de ejecución, Juan Eyzaguirre. Le informaron del compromiso que asumió el Dr. Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, cuando escuchó el caso de Tres Islas: este mostró su disposición para trabajar coordinadamente con las autoridades de la comunidad y ejecutar efectivamente la sentencia que protege al pueblo. 

Ministerio Público de Madre de Dios. La comunidad también visitó al presidente de la Junta de Fiscales de Madre de Dios, Octavio Ramos, para informarle que desde octubre de 2016 el entonces fiscal a cargo Edward Menacho Medina, Fiscal adjunto provincial no había reprogramado la diligencia de interdicción, lo cual permite que los mineros ilegales continúen trabajando impunemente dentro de la propiedad comunal y amenazando a la comunidad. Tres Islas reiteró que esta situación genera un riesgo en la vida e integridad de sus miembros, así daños irreparables y la continua vulneración de los derechos colectivos de la comunidad. Así el caso logró ser reasignado al Fiscal Provincial William Soler, quien se comprometió a actuar diligentemente para garantizar la protección de la vida e integridad de los miembros de la Comunidad.

Defensoría del Pueblo de Madre de Dios. Tres Islas se reunió con el responsable de la Defensoría del Pueblo de Madre de Dios, Guimo Loayza, a quien le reitero el pedido de supervisar a las entidades estatales para el cumplimiento de sus derechos. Asímismo, le informó que los mineros ilegales han construido una reja de madera a unos metros dentro del ingreso de la propiedad comunal. Al respecto, el defensor mostró su preocupación y se comprometió en acompañar la próxima diligencia de interdicción que se programe, así como a seguir insistiendo con las autoridades para que se actúe diligentemente en las interdicciones y en la ejecución de la sentencia.

Policía Nacional de Perú. La comunidad nativa Tres Islas sostuvo una reunión con el nuevo Coronel a cargo del Departamento Ambiental de la PNP. Le informó sobre los sucesos que han desencadenado la apertura de la investigación fiscal en curso, además de hacer expresar la necesidad de reprogramar la interdicción. El Coronel Rojas mostró su disposición para colaborar y coordinar con las autoridades indígenas para las interdicciones.

A la fecha, la comunidad nativa Tres Islas ha reiterado hasta en seis oportunidades la solicitud de interdicción «en vías de coordinación» a todas las autoridades rectoras en administración y promoción de justicia. La comunidad reitera sus pedidos a las autoridades competentes de proteger su territorio de los mineros ilegales, así como hacer cumplir sentencias del Tribunal Constitucional para que se reponga la caseta y tranqueras que protegen su territorio. La comunidad espera que esta vez las voces de los pueblos indígenas sean escuchadas y pueden acceder a la justicia de forma plena y satisfactoria.

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