Rondas campesinas de Puno solicitan al Congreso de la República archivar el Proyecto de ley 773 por vulnerar la jurisdicción indígena
El pronunciamiento se dio en el XVII Encuentro Regional de Rondas Campesinas de la Región Puno.
IIDS/ Julio 2017.- Los días 14 y 15, en la ciudad de Macusani, provincia de Carabaya, se celebró el XVII Encuentro Regional de Rondas Campesinas de la Región Puno, con presencia de más de 2, 000 ronderos y ronderas pertenecientes a las diferentes provincias de la Región Puno.
Entre los acuerdos a los que llegaron los ronderos estuvieron: 1) reafirmar su identidad como descendientes de pueblos originarios, 2) solicitar al Congreso de la República el archivamiento de los Proyectos de Ley 773 y 885, por vulnerar la jurisdicción propia y 3) solicitar al Estado la nulidad de concesiones mineras y de otras actividades extractivas, las cuales no contaron ni con la consulta ni con el consentimiento de los pueblos afectados. Finalmente, solicitaron el cese de la criminalización de dirigentes ronderos.
En el marco de este encuentro, la Municipalidad provincial de Carabaya condecoró con la Medalla de la Ciudad al Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS) por su participación.
En el evento, además de participar las condecoradas Raquel Yrigoyen Fajardo, vicepresidenta del IIDS, y Briggitte Jara Quispe, investigadora de la misma institución, estuvieron presentes el alcalde de Carabaya Edwar Rodríguez Mendoza; el juez Hernán Layme Yépez, actual miembro de la Comisión de Justicia indígena y Justicia de Paz del Poder Judicial; entre otras autoridades locales y regionales ronderas.
El viernes 14 de julio, la doctora Raquel Yrigoyen habló sobre el Pluralismo Jurídico y los pueblos originarios, asimismo, a pedido de los organizadores, se refirió Proyecto de Ley 773: Ley de Desarrollo del artículo 149 de la Constitución Política del Perú, que regula la Coordinación Intercultural de la Justicia; indicando que el mismo vulnera la jurisdicción indígena. Por ejemplo, el Proyecto en cuestión restringe la competencia material de la jurisdicción indígena, al no permitirle resolver delitos como: homicidio, violación sexual, tráfico ilícito de drogas, etc. Al día siguiente, sábado 15, Briggitte Jara Quispe discutió el tema de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, enfatizando que el Estado es el obligado a consultar, mas no la empresa; y, que todo proyecto inconsulto, implica que se declare la nulidad del mismo y de las concesiones otorgadas.
El pronunciamiento completo puede leerlo aquí.
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Escrito por
Medio de información del IIDS que da cuenta de casos de litigio estratégico en derechos indígenas y otros derechos humanos colectivos.