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presidenta de la comunidad nativa tres islas asistió a el 168 periodo de sesiones 2018 de la cidh

Comunidad nativa Tres Islas exige estándares internacionales en exámenes de contaminación de mercurio ante CIDH

La Comunidad Nativa Tres Islas se reunió con el Estado Peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco del 168 Periodo de Sesiones 2018 de la CIDH, en Santo Domingo, para demandar el cumplimiento de su Medida Cautelar.

Publicado: 2018-05-17


IIDS/ MAYO 2018.- La Presidenta de la Comunidad Nativa Tres Islas, Vilma Payaba Cachique, viajó hasta Santo Domingo, en la Republica Dominicana, para reunirse con representantes del Estado, con el objetivo de exigir el cumplimiento de la Medida Cautelar otorgada a su favor por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ello se dio en el marco del 168 Periodo de Sesiones de la CIDH, realizado del 3 al 11 de mayo de 2018.

¿Por qué la CIDH otorgó una Medida Cautelar a favor de la Comunidad?

El 8 de setiembre del 2017, la CIDH otorgó la Medida Cautelar Nº 113–16 a favor la Comunidad, para la protección de su vida e integridad, en riesgo grave y urgente por la contaminación de mercurio derivada de la minería informal; así como por las continuas amenazas por parte de los mineros que ingresan ilegalmente en su territorio.

¿Cuál es la situación actual?

“Ahora hay nuevas enfermedades, mi hermana tiene cáncer; también los niños tienen nuevas enfermedades, como mi sobrina de 3 años, que tiene problemas del corazón. Y, además, los mineros nos amenazan y amedrentan porque los queremos expulsar. Al no encontrarme en mi casa, han matado a mi perro y gallinas con armas de fuego”, explicó Vilma Payaba en la reunión.

¿Quién condujo la reunión?

La reunión de trabajo fue conducida por el Comisionado mexicano Joel Hernández, encargado de la cartera de Perú, y también estuvo presente Soledad García, de nacionalidad argentina, Relatora de la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA).

¿Qué entidades del Estado Participaron?

La representación del Estado peruano estuvo compuesta por una numerosa delegación, de 5 personas, con presencia de la Procuraduría Supranacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (MINJUS), el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el Ministerio de Salud (MINSA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

¿Qué informó el Estado?

El representante del MINEM informó que el Estado había otorgado unas 190 concesiones mineras dentro del territorio comunal.

La representante de OEFA señaló que tal entidad había hecho una fiscalización del Gobierno Regional, encontrando que el mismo no había controlado la actividad minera en la región, por lo que OEFA había hecho recomendaciones al respecto.

Los representantes de MINSA señalaron que se encontraban elaborando un Plan de salud. 

¿A qué se comprometió el Estado peruano?

El Estado se comprometió a concertar el Plan de salud con la Comunidad y sus asesores en una reunión en Madre de Dios, con el Sector Salud, entre el 15 y 17 de mayo 2018. Este plan no será elaborado sólo por el Estado y “socializado” con la Comunidad, sino que deberá ser concertado en conjunto con la Comunidad, de acuerdo a su realidad y necesidades.

Estado también se comprometió a coordinar con la Comunidad la culminación del Censo de la población iniciado en febrero, el cual no fue completado porque gran parte de la Comunidad se encontraba en la zafra de castaña.

El Estado, igualmente, se comprometió a hacer los exámenes de contaminación de mercurio de la Comunidad, el monitoreo ambiental y el tratamiento de salud correspondiente, en coordinación con la Comunidad y sus asesores.

¿Cómo deben ser los exámenes de mercurio?

La Comunidad demandó al Estado que los exámenes de contaminación crónica de mercurio se hagan de acuerdo a estándares internacionales. Es decir, tomando muestras de cabello, para determinar la presencia de mercurio orgánico, que se acumula por el consumo de pescado, y no por muestras de orina que sólo da cuenta de la contaminación aguda.

La Relatora de REDESCA, Soledad García, señaló la importancia de la vinculación e indivisibilidad entre los derechos. Y subrayó la necesidad de que los exámenes de mercurio sean de acuerdo a estándares internacionales, como también lo señala la propia Medida Cautelar.

¿Qué más planteó la Comunidad?

La Medida Cautelar exige al Estado garantizar alimentación segura y la protección a los miembros de la comunidad frente a posibles agresiones de terceros.

“El tema de la seguridad todavía ha quedado pendiente” dijo la Presidenta de la Comunidad. Y explicó porqué: “Los mineros ilegales nos amenazan cuando los queremos retirar, la Fiscalía nos persigue y, por el contrario, archiva todas nuestras denuncias. Necesitamos apoyo para expulsar a todos los mineros ilegales de nuestro territorio”.

El Estado otorga concesiones inconsultas y amplía los derechos de vigencia de los mineros ilegales, a pesar de que las comunidades nativas están en zona excluida para la minería.

“Los mineros destruyen y contaminan, también sacan cascajo y hasta están construyendo un depósito de gasolina” señaló la Presidenta de la Comunidad.

¿Qué esperan de esta reunión ante la CIDH?

“Ha sido muy dificil para nosotros venir hasta aquí y esperamos que el Estado ahora sí cumpla” dijo la Presidenta de la Comunidad.

La abogada de la Comunidad, Raquel Yrigoyen Fajardo, señaló que el Comisionado de la CIDH ha señalado que dará seguimiento al cumplimiento de esta Medida Cautelar. “El Estado tiene una responsabilidad internacional y debe cumplirla de buena fe”, concluyó.

¿Qué otras actividades tuvieron?

“También nos hemos reunido con otros comisionados que están preocupados por los derechos de los pueblos indígenas. Y nos hemos encontrado con otras organizaciones indígenas que también están luchando por sus derechos” indicó la Presidenta de la Comunidad Nativa Tres Islas.

Mayor información:

IIDS/IILS: www.derechoysociedad.org

Jr. Nazca 458, Of. 101, Jesús María, Lima 11, Tel. (51-1) 330 - 9139.


Escrito por

ALERTANET

Medio de información del IIDS que da cuenta de casos de litigio estratégico en derechos indígenas y otros derechos humanos colectivos.


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