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César Estrada Chuquilín, comunicador social indígenas y rondero DE VALLE LAGUNA AZUL

Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca: Ante el reto de respetar la jurisdicción indígena de las Rondas Campesinas

El lunes 13 de agosto de 2018, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Cajamarca llevó a cabo la audiencia pública de la vista de la Causa en el proceso de Hábeas Corpus (Exp. 474-2018) a favor de César Estrada Chuquilín, comunicador social indígena y rondero de Valle Laguna Azul, Cajamarca.

Publicado: 2018-08-14


IIDS/AGOSTO 2018.- Luego de haberse postergado hasta en dos oportunidades, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Cajamarca llevó a cabo la Audiencia de vista de la causa del proceso constitucional de Hábeas Corpus (Exp. 474-2018) a favor del Comunicador Social Indígena y rondero de Valle Laguna Azul, César Estrada Chuquilín, el lunes 13 de agosto de 2018. Ello, a pesar que el Hábeas Corpus es un proceso constitucional urgente que se rige por los principios de pro homine, celeridad, inmediación, entre otros, conforme lo dispone el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

La defensa legal sostuvo que la audiencia tiene como objetivo que la Sala admita la demanda y resuelva sobre el fondo porque se está ante una persecución arbitraria de hechos que no constituyen delitos sino hechos jurisdiccionales indígenas. “La persecución arbitraria a César Estrada está atentando contra su vida e integridad y, además, vulnerando su derecho a la libertad, que hasta la fecha no puede salir por temor a ser aprehendido y llevado a la cárcel” puntualizó.

La S ala, en la Audiencia, señaló que el Hábeas Corpus no es la vía correcta para el proceso de César Estrada, puesto que no se ha emitido aún una resolución judicial firme. Ante ello, la defensa legal refirió que el Hábeas Corpus presentado es contra todo el proceso penal, incluso desde la denuncia penal, que es arbitrario, porque no se pueden perseguir a autoridades indígenas por el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Argumentó, además, que César Estrada es beneficiario de una Medida Cautelar Nro. 452-11, otorgado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que su vida e integridad se encuentra en riesgo, por lo que el Estado peruano está en la obligación de cumplir con sus compromisos internacionales.

Dicho Hábeas Corpus fue interpuesto por Elita Yopla, esposa de César Estrada, porque existe una persecución arbitraria por la Jurisdicción Penal Ordinaria por hechos que si incluso fueran ciertos, no constituirían delito, sino el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las Rondas Campesinas.

El rondero de Valle Laguna Azul fue condenado, sin pruebas, a 10 años de prisión efectiva y al pago de 8 mil soles de reparación Civil por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial, el 25 de julio de 2017. Y, su vida e integridad está en riesgo y se viene agudizando por dicha persecución penal arbitraria, en la medida que a la fecha no puede recibir un tratamiento adecuado para reestablecer su salud, la misma que cada día se agrava por falta de atención.

En la Audiencia, la esposa del comunicador indígena manifestó el grave estado de salud de su cónyuge a causa de los maltratos de los policías, cuando éste se opuso, junto a otros ronderos de Valle Laguna Azul, al megaproyecto minero Conga. Asimismo, detalló los atentados que ha venido sufriendo a través de terceras personas, presuntamente, vinculadas a la empresa minera Yanacocha.

A la fecha, está pendiente que la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Cajamarca emita su decisión. Tanto la esposa de Cesar Estrada como su defensa legal esperan que, el fallo sea conforme al marco constitucional e internacional de los derechos humanos de los Pueblos Originarios y que cese la persecución arbitraria contra Cesar Estrada por su defensa a los derechos humanos y al ambiente.

Mayor información:

- IIDS/IILS: www.derechoysociedad.org,

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Escrito por

ALERTANET

Medio de información del IIDS que da cuenta de casos de litigio estratégico en derechos indígenas y otros derechos humanos colectivos.


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