IIDS/IILS. Setiembre 2018.- Una inspección conjunta de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las autoridades de la Comunidad Nativa Tres Islas, realizada el domingo 23 de septiembre de 2018, ha dado cuenta del incremento de la minería ilegal en el territorio de la Comunidad, ingresando por el kilómetro 24 de la Carretera Interoceánica, en la Provincia de Tambopata, Madre de Dios.

La delegación constató un aumento de campamentos mineros y diez motores con sus respectivas tuberías y alfombras instaladas en medio de los aguajales. “Esto no estaba hace dos semanas y ahora los mineros están destruyendo los aguajales”, dijo la Presidenta de la Comunidad, Vilma Payaba. Los aguajes, el fruto de los aguajales, son una fuente importante de proteínas, así como los “suris”, que son albergados en estos árboles; sin embargo, ya no pueden ser aprovechadas por la Comunidad.

A la entrada del territorio comunal, por el km. 24, solo queda la huella de la tranquera que la Comunidad había construido para protegerse de mineros, taladores y prostíbulos. Dicha tranquera fue retirada por 100 policías por orden de un juez constitucional, para garantizar “el libre tránsito de mineros y transportistas”, en agosto del 2010. Ahí empezó la batalla legal de la Comunidad para defender su autonomía, territorio y su integridad biológica, cultural y espiritual.

Aunque la Comunidad ganó una sentencia pionera ante el Tribunal Constitucional en el 2012 y cuenta con una Medida Cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 2017, debe luchar cotidianamente contra la indolencia de los funcionarios del Estado y la corrupción.

A pocos minutos de la entrada a su territorio, la delegación constató que un minero ha completado una construcción gigantesca. Por increíble que parezca, un grifo aparece en medio del bosque devastado. El año pasado, apenas la Comunidad constató el inicio de dicha construcción, solicitó al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERMIG) que paralice la misma, señalando que nunca fue consultada ni dio su autorización para ello. Sin embargo, ello no ha ocurrido y la construcción ha sido completada. 

Siguiendo una trocha abierta por los mineros, la delegación se encontró con maquinaria pesada extrayendo cascajo. También había una gran traca en construcción con madera de árboles talados en la zona. Todo esto dentro del territorio comunal.

Si bien la delegación estaba acompañada de un auto policial, los mineros no se amilanaron y algunos empezaron a acercarse. Ante ello, la policía recomendó el retiro de la delegación para evitar una emboscada, dada la superioridad numérica de los mineros.

“El año pasado, después de que hicimos una interdicción, unos desconocidos vinieron hasta mi casa y mataron a mi perro con un arma de fuego” recordó la Presidenta. “Pedimos garantías a la Prefectura, pero sólo nos dieron un papel. Lo que nosotros pedimos es que la Policía retire a todos los mineros ilegales y ponga una garita de control permanente en el Km. 24, para que no regresen”, señaló.

La Comunidad vive amedrentada por las continuas amenazas de los mineros ilegales, quienes siguen actuando con total impunidad. “Cada vez que hay una interdicción, los mineros dicen que han pagado la vigencia de sus concesiones y la Dirección de Minería del Gobierno Regional les avala. Por eso, ya no se ha podido hacer más interdicciones”, explicó la Presidenta.

A la fecha, el Estado no ha tomado ninguna medida efectiva para garantizar la seguridad de la Comunidad frente al continuo ingreso de mineros ilegales en su territorio. Tampoco para garantizar agua y alimentación segura frente a la contaminación crónica de mercurio.

“Sabemos que la Comisión Interamericana está preocupada por nuestro caso y nos ha dado una reunión de trabajo con el Estado, pero parece que al Estado no le preocupa nuestro caso”, testificó otra dirigenta, también miembro de la delegación. A su vez, una mujer joven embarazada dijo: “Nosotras, las mujeres, venimos a defender nuestro territorio para el futuro de nuestros hijos”.

Cabe resaltar que, hasta la fecha, el Estado ha otorgado más 140 concesiones mineras, lo que abarca más del 60% del territorio comunal, sin consulta previa, libre e informada de la Comunidad. Y han aparecido nuevas enfermedades, incluyendo enfermedades del corazón en niñas de 3 años, cáncer en mujeres, y otras dolencias diversas.

La precaria economía de los miembros de la comunidad, no permite que estas enfermedades sean tratadas y curadas por médicos especialistas. “Mi niña tenía un control en enero, de la operación al corazón que le hicieron; pero no tenemos para los pasajes y la estadía en Lima es muy caro”, indicó una madre de familia.

Mayor información:

- IIDS/IILS: www.derechoysociedad.org,

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