IIDS/IILS. Setiembre 2018.- Luego de constatar la grave situación que pone en riesgo la vida e integridad de la Comunidad Nativa Tres Islas (CNTI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó a la Comunidad una Medida Cautelar Nro. 113-16 (MC) hace un año, el 8 de setiembre de 2017. Esta MC obliga al Estado peruano a adoptar medidas adecuadas, conjuntamente con la Comunidad y sus asesores legales, para el diagnóstico y tratamiento médico, según estándares internacionales; el acceso a alimentación segura, dentro de los parámetros de la Organización Mundial de Salud (OMS) y el Organismo Panamericano de Salud (OPS); la protección frente a posibles agresiones; y la investigación de los hechos que dieron lugar a la MC y así evitar su repetición.

Hasta la fecha, el Estado no ha dado cumplimiento efectivo al mandato de la CIDH. No ha efectuado el diagnóstico de contaminación crónica de metil mercurio de toda la Comunidad; tampoco ha garantizado la nutrición en acuerdo a los estándares de la OMS ni de la OPS; ni ha tomado las medidas de protección y seguridad, en respuesta a las continuas amenazas por parte de los terceros. Por ello, la CIDH ha convocado a una reunión de trabajo entre el Estado y la Comunidad, para el 2 de octubre, en el marco 169 Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH.

Contrario a esto, ha incrementado la presencia de minería ilegal y las amenazas de los mineros ilegales. Ello fue constatado en la inspección realizada por la Comunidad, con el apoyo de una patrulla de la Policía Nacional del Perú, el domingo 23 de setiembre de 2018. Encontraron un grifo instalado en medio de los bosques deforestados, maquinaria pesada para la extracción ilegal de cascajo y 10 tracas en medio de los aguajales.

El Estado no facilita la atención integral de niños, niñas, mujeres y hombres que padecen de enfermedades nuevas, como afecciones al corazón, cáncer y otros, las que no pueden tratarse por la falta de recursos para sus traslados a Lima u otras ciudades a donde son referidos.

La Comunidad espera llegar a acuerdos concretos con el Estado, a fin de que no sigan ingresando los mineros ilegales a su territorio por Kilómetro 24 de la Carretera Interoceánica, contaminando el mismo y amenazando a la Comunidad.

Mayor información:

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