IIDS/IILS. Octubre 2018.- Representantes del Pacto de Unidad de Organizaciones Nacionales de Pueblos Indígenas del Perú y dirigentes de organizaciones indígenas locales se reunieron el 31 de octubre 2018 con Margarette May Macaulay, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de exponer la situación de violación de derechos humanos que enfrentan los pueblos indígenas.

La Presidenta de la CIDH escuchó atentamente a los representantes indígenas que expusieron diversas situaciones problemáticas que afectan a los pueblos indígenas del país. En su mayoría, los problemas se refieren a la imposición violenta de megaproyectos extractivos, establecidos sin consulta ni consentimiento previo libre e informado de los pueblos, y a los impactos de los mismos en cuanto a la contaminación del territorio y la salud humana. Asimismo, en tales casos, los pueblos indígenas y sus miembros sufren persecución arbitraria y riesgo de su vida e integridad, por oponerse a la invasión o destrucción de sus territorios. 

Sobre políticas regresivas.

Jorge Prado, representante del Pacto de Unidad y dirigente de la Confederación Campesina del Perú (CCP), señaló que: “hay una política regresiva en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas en el Perú”. Al respecto, explicó que:

-“El gobierno no ha restituido la institucionalidad indígena en el Estado, desconociendo las recomendaciones de la CIDH del 162 periodo de sesiones;- El Ministerio de Cultura (MINCUL), en vez de proteger nuestros derechos, sólo vela por los intereses de las empresas; y

 - El Estado usa la “Ley de consulta previa” para negar la aplicación de los derechos indígenas a las comunidades.”Asimismo, MINCUL busca negar la “personalidad jurídica” de los pueblos originarios incluso presentando acciones ante el Tribunal Constitucional, procesos en los que es parte el Pacto de Unidad.

Incumplimiento de Medidas Cautelares y represión de beneficiarios. 

Elita Yopla, rondera de Cajamarca, expuso el caso de su esposo, César Estrada Chuquilín, rondero y comunicador indígena, beneficiario de la Medida Cautelar N° 452-11 (MC) otorgada por la CIDH a favor de 54 comuneros y ronderos cuya vida está en riesgo por oponerse al inconsulto megaproyecto minero Conga (Cajamarca). Elita Yopla dijo que su esposo es perseguido arbitrariamente por difundir, en su calidad de comunicador, la violencia cometida por el Estado y la empresa Yanacocha para imponer dicho megaproyecto. Ella señaló que, recientemente, su esposo ha sido condenado arbitrariamente a 10 años de prisión. “Por esta condena, mi esposo no puede presentarse a los centros de salud, a pesar de estar muy mal por los golpes que recibió, y ni siquiera pudo estar presente en el nacimiento de nuestra hija”.

 “En el Caso Conga, el Estado peruano no está cumpliendo MC N° 452-11 y no se reúne con los beneficiarios desde hace más de año y medio”, complementó la abogada del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad-IIDS, institución que defiende el caso. 

Actividades extractivas sin consentimiento de los pueblos ni control ambiental.

Hermógenes Tantarico, Presidente del Pueblo Originario de Kañaris (Lambayeque), denunció:“El gobierno ha decidido reactivar el megaproyecto minero “Cañariaco”, de la empresa minera canadiense Candente Copper, que nunca nos consultaron”. El Gobierno ha emitido el Decreto Legislativo Nº 1394 que permite extender a 5 años el anterior Estudio de Impacto Ambiental-EIA, sin nueva evaluación ni consulta previa. “Estamos muy preocupados porque en el 2013 la policía nos atacó violentamente para imponer este megaproyecto, y ahora el Estado quiere imponerlo nuevamente sin nuestro consentimiento, pues más del 90% de nuestro Pueblo rechaza este proyecto”, manifestó el Presidente del Pueblo Kañaris ante la Presidenta de la CIDH. 

José Vargas, representante de la Comunidad y rondas campesinas de Chugur (Hualgayoc, Cajamarca), denunció de su parte: “Mis tres niñas están con metales pesados en su organismo, en niveles superiores al aceptable para el ser humano.”Eso se debe a que hay más 1,080 pasivos ambientales que dejado la actividad minera en Hualgayoc, sin remediación a la fecha. Hay 372 personas diagnosticadas con metales pesados, incluyendo menores de edad. “Hualgayoc ha sido declarada en Emergencia Ambiental en el año 2016, pero el Ministerio de Energía y Minas sigue permitiendo la actividad minera, sin importarle nuestra salud”, concluyó José Vargas.

Otros casos en los que hay contaminación por metales pesados, expuestos ante la Presidenta de la CIDH, son el de la Comunidad Nativa Tres Islas, contaminada por mercurio debido a la minería, y el del Pueblo Achuar del Pastaza, que tiene varios puntos de derrame de hidrocarburos no remediados hasta el momento. En ambos casos, las niñas, niños y las mujeres embarazadas son las personas más afectadas.

En el caso de la Comunidad Nativa Tres Islas, el 60% de su territorio está concesionado para actividades mineras. Y, a pesar de que la Comunidad cuenta con la Medida Cautelar Nº 113-16, otorgada por la CIDH, el Estado no la está cumpliendo.

En el caso del Pueblo Achuar del Pastaza, representado por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), el Estado ha establecido, sin consulta previa, lotes petroleros en el 100% de su territorio. Y, además, el Ejército facilita su base militar “Campamento Sargento Nuño” a la empresa petrolera GEOPARK, como sede de sus operaciones locales. El Pueblo Achuar está muy preocupado porque las empresas fomentan conflictos y en el 2009 hubo una tentativa de genocidio contra dicho Pueblo, según la acusación fiscal respectiva, señaló una abogada del IIDS.

Ante la presentación de estas situaciones problemáticas por las organizaciones indígenas, la Presidenta de la CIDH tomó cuidadosa nota de las mismas, indicando su preocupación especial por los derechos humanos de los pueblos.Las organizaciones indígenas agradecieron a la Presidenta de la CIDH su atenta escucha y le solicitaron que requiera al Estado peruano que respete sus derechos. Jorge Prado, en representación del Pacto de Unidad, la invitó a reunirse siempre con los pueblos.

El Pacto de Unidad de Organizaciones Nacionales Indígenas está integrado por la Confederación Campesina del Perú (CCP), Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), Confederación Nacional Agraria (CNA), Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP) y Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA). El Pacto de Unidad cuenta con la asesoría legal del IIDS respecto de los casos ante la CIDH.