IIDS/IILS. Febrero 2019.-  IIDS/IILS. Febrero 2019.-  La Sala Civil de la Corte Superior de Madre de Dios tiene ahora la “papa caliente”. Debe decidir si ratifica o no una sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de las concesiones mineras otorgadas sin consulta previa en la Comunidad Nativa “Tres Islas”, y dispuso atender la salud, descontaminar el agua, reforestar y garantizar alimentación segura a la Comunidad. Esta Comunidad, conformada por familias shipibas y ese´ejas, se ubica en el Distrito y Provincia de Tambopata, dos veces declarada en Emergencia a causa de la minería ilegal. 

“Nuestra Comunidad viene luchando desde hace muchos años para impedir la minería ilegal, la tala y la prostitución”, señaló el actual presidente de la Comunidad, César Estanico. “En el 2012 ganamos una sentencia para que no ingresen los mineros en nuestro territorio, pero ellos se defendían diciendo que tenían concesiones mineras”, aseveró. 

Es ahí cuando la Comunidad indagó y encontró que, efectivamente, el Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD) había otorgado a terceros, sin consulta previa:- más de 150 concesiones mineras, que abarcan más de dos tercios de su territorio; - 11 “predios agrícolas”, utilizados para la minería e, incluso, para la construcción de un enorme grifo de gasolina. 

A ello se suman 4 licencias de agua otorgadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a mineros, entre los que se encuentra el anterior Presidente del Gobierno Regional, Luis Otzuka. Por ello, la Comunidad nunca pudo ganarles.

“Nuestra Comunidad presentó un amparo para anular todas esas concesiones, porque el Estado nunca nos consultó. Y estábamos muy contentos porque el Juez nos dio la razón; pero, lamentablemente, el Gobierno apeló”, explicó el Presidente de la Comunidad Nativa Tres Islas.

En efecto, apelaron GOREMAD, la Autoridad del Agua (ANA) y el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). La audiencia de apelación se llevó a cabo el 25 de febrero del 2019, en la ciudad de Puerto Maldonado. Los tres magistrados de la Sala Civil de Madre de Dios escucharon a las partes y ahora está en sus manos decidir al respecto. 

Lo paradójico del caso es que, según el discurso oficial, el Estado peruano se encuentra en una lucha tenaz contra la minería ilegal, por lo que el 18 de febrero 2019, declaró 4 distritos de la provincia de Tambopata del departamento de Madre de Dios en estado de emergencia por la minería ilegal. 

Sin embargo, en la audiencia de apelación, el procurador de GOREMAD tiró una tabla de salvación a los mineros ilegales, alegando que: “la Ley no exige la consulta previa antes de las concesiones y ello no es una causal de nulidad para la legislación minera”. 

La abogada defensora de la Comunidad, Raquel Yrigoyen Fajardo, del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), replicó: “la consulta previa es un principio general del derecho internacional, lo que prima sobre la ley nacional”. Además, recordó: “todas las Constituciones, desde 1920 a la fecha, reconocen la existencia legal, propiedad de la tierra y autonomía de las comunidades indígenas, por lo que no se puede usar la legislación minera para violar derechos fundamentales, máxime cuando la Comunidad está fuera del corredor minero”.  

En tanto, César Estanico explicó en la audiencia: “en mi Comunidad hay niñas con problemas del corazón y mujeres con cáncer que no tienen cómo viajar a Lima para atenderse, por lo que esperamos que la Sala ratifique la sentencia de primera instancia”. 

La defensa de la Comunidad concluyó señalando: “la Comunidad cuenta con la Medida Cautelar (MC) Nº113-16 otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordena al Estado tomar medidas de protección como las adoptadas por la sentencia de primera instancia, por lo que la Sala debería ratificar la misma”.

A la salida de la audiencia, el presidente de la Comunidad Nativa “Tres Islas” comentó la audiencia señalando: “Estamos contentos con la defensa que hemos hecho ante los jueces, porque les hemos explicado el problema que nos causa la minería, y esperamos que la Sala ratifique la sentencia de primera instancia. Nuestra Comunidad no sólo está luchando por su vida sino por la de todos los pueblos indígenas y de la humanidad”.  

A su vez, la abogada Raquel Yrigoyen señaló: “esta es una gran oportunidad para que el Poder Judicial cumpla con su obligación de garantizar los derechos de los pueblos indígenas según los estándares internacionales, y recupere credibilidad”.