IIDS/IILS. Abril 2019.-  El año 2017, la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) otorgó una Medida Cautelar (Nº113-16) a la Comunidad Nativa “Tres Islas con el objeto de proteger los derechos a la vida e integridad de sus miembros frente a la contaminación crónica de mercurio a causa de la minería ilegal y las amenazas de los mineros ilegales. Estos, lamentablemente continúan desarrollando actividades mineras dentro del territorio de la Comunidad, sin autorización de esta y causando graves impactos.

Como recordamos la CIDH ordenó al Estado peruano cumplir efectivamente con brindar: agua segura, salud humana y ambiental, alimentación nutritiva y segura, medidas de seguridad e investigaciones de los motivos que dieron lugar a la Medida Cautelar. Hasta la fecha, el Estado no ha cumplido con ninguna medida.

En ese sentido, la Comunidad Nativa “Tres Islas” y su defensa legal, el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), participaran en dicha reunión, en el marco del 172º Periodo de Sesiones que se realizarán del 2 al 10 de mayo de 2019 en Jamaica, a fin de que la CIDH ordene al Estado implementar la Medida Cautelar.

La Comunidad Nativa “Tres Islas”, descendientes de Pueblos Originarios Shipibo y Ese’Eja en Madre de Dios, ha manifestado que la situación se ha agudizado, la contaminación crónica de mercurio está afectando gravemente los organismos de los miembros de la Comunidad, que no cuentan con dinero para su atención, entre los afectados, mujeres embarazadas y niñas. En tanto, los mineros ilegales siguen amenazando y criminalizando a la Comunidad y destruyendo masivamente su territorio, según el testimonio del presidente de la Comunidad, César Estanico, quien fue víctima de amenazas.

Con fecha 12 de junio de 2018, en declaraciones de la Comunidad, se realizó la primera reunión de trabajo entre la Procuraduría Pública Especializada del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Salud (MINSA), la Dirección Regional de Salud (DIRESA) del Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD) y la Comunidad donde las entidades presentaron el “Plan de Acción de Salud para la Comunidad Nativa Tres Islas”, sin previa coordinación con la Comunidad, y se establecieron compromisos que hasta el momento las entidades del Estado nunca han cumplido.

Dicho Plan fue blanco de observaciones por parte de la Comunidad, quien lo presentó mediante un escrito al Estado, pero jamás obtuvieron respuesta. Algunas de las observaciones era que 1) el diagnóstico de contaminación de mercurio debe hacerse siguiendo los estándares internacionales, como el examen de cabello y no de orina como lo disponía el Estado; 2) la identificación de las causas de las nuevas enfermedades, 3) la atención del problema de la infraestructura de su posta médica, entre muchas más.

En febrero del presente año, el Gobierno declaró a cuatro provincias de Madre de Dios en Estado de emergencia a causa de los graves impactos de la minería ilegal; sin embargo, pese a dichas iniciativas de “seguridad”, la Comunidad ha manifestado que hay intenciones del Estado a formalizar a los mineros a pesar que no cumplen con los requisitos constitucionales ni internacionales.

Finalmente, el Presidente de la Comunidad manifestó su preocupación debido a que el Organismo Supervisión de la Inversión y Minería (OSINERGIM) otorgó una autorización a un consumidor directo de combustible, dentro de la propiedad territorial de la Comunidad, violando el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. Y, además, sin tener en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N.° 1126-2011-PHC/TC) y violando la medida cautelar de la CIDH. Lo más grave aún es que en dicha zona solo hay mineros ilegales, por lo que la construcción de dicho grifo solo favorece a la actividad minera ilegal desarrollada dentro del territorio comunal.

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