IIDS/IILS. Diciembre 2019. El 11/11/2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo una reunión de trabajo de oficio para que el Estado implemente la Medida Cautelar-452-11 otorgada a los líderes y liderezas de comunidades, y rondas campesinas del departamento de Cajamarca. Esta reunión fue realizada en el 174º Período de Sesiones (en Quito) y contó con participación de algunos ronderos/as beneficiarios, entre ellos: Ydelso Hernández Llamo, rondero y expresidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas y Urbanas del Perú (CUNARC-P); Manuel Ramos, rondero del Centro Poblado el Tambo; y Elita Yopla, esposa del beneficiario César Estrada Chuquilin, comunicador indígena rondero.  

Los ronderos/as beneficiarios en el marco de esta reunión de trabajo exigieron que el Estado cese la criminalización a las autoridades ronderas, además plantearon que el Estado cumpla las medidas dispuestas por la CIDH para evitar los riesgos graves y de urgencia, que sufren los beneficiarios a causa de su oposición al megaproyecto minero Conga de la empresa Yanacocha.

Como es de conocimiento público, en el 2014 la CIDH otorgo la Medida Cautelar-452-11, para salvaguardar la vida de ronderos y ronderas que mostraron su oposición al megaproyecto minero Conga de la empresa Yanacocha. Dicha Medida cautelar beneficia a más de 40 ronderos y ronderas del departamento de Cajamarca, entre ellos, la familia Chaupe y el comunicador indigena César Estrada Chuquilin. Sin embargo, han trascurrido más de cinco años y a la fecha, el Estado no ha implementado de manera efectiva las medidas dispuestas por la CIDH, por lo que la situación de riesgo y amenazas sigue latente.

Los ronderas/os beneficiarios exigieron al Estado Peruano: que cese la criminalización de autoridades y ronderas/ros a causa de oponerse a la imposición violenta del megaproyecto minero Conga; que el Estado anule el convenio entre el Ministerio del Interior y la empresa minera Yanacocha, donde se dispone que la Policía trabaje con la empresa minera para represión de indígenas ronderas/os; que se implemente un presupuesto para viajes a zonas con efecto de reunirse con los beneficiarios/as en Cajamarca; que se levanten las tranqueras en los caminos ancestrales que impiden el pase a las lagunas; y atender la salud de los beneficiarios por las secuelas a raíz del conflicto con la empresa minera Yanacocha.

Asimismo, comisionados de la CIDH (Joel Hernández, Antonia Urrejola y Margarette McMacauley) exigieron al Estado Peruano que dentro de un mes se efectue una reunión con los beneficiarios de la medida cautelar y asesores del IIDS; y se entregue un informe con las medidas del caso Conga. Todo esto en un contexto de graves riesgos en contra de los beneficiarios por su oposición al megaproyecto minero.

Los ronderos beneficiarios estuvieron acompañados de sus represantes legales, entre estos, el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), quienes esperan que sus pedidos se acaten y que los representantes del Estado peruano cumplan con implementar la medida cautelar de acuerdo al mandato de lo dispuesto por la CIDH.

Adicionalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró su llamado a los Estados de la región, a tomar las medidas necesarias para para poner fin a los actos de violencia en contra de los pobladores de las comunidades indígenas, garantizando el pleno respeto de sus derechos indígenas, y en particular respetar a sus autoridades.

VER AQUÍ: MEDIDA CAUTELAR A RONDAS CAMPESINAS, CASO CONGA

VER TAMBIÉN: RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº1003-2017-IN

COMUNICADO DE PRENSA DE LA CIDH SOBRE EL 174º PERÍODO DE SESIONES

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