IIDS/IILS. Enero 2020. El lunes 27 de enero, en horas de la tarde, el Presidente de la Comunidad Nativa Tres Islas, César Estanico, dio la bienvenida a Michel Forst (Francia), Relator Especial de defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), quien llegó hasta el local de la Comunidad, en el Distrito y Provincia de Tambopata, Región de Madre de Dios. La reunión se dio en el marco de la visita oficial que el Relator hace al Perú para recabar información sobre la situación de los defensores de derechos humanos, a fin de hacer recomendaciones al Estado peruano.

Las autoridades de la Comunidad Nativa Tres Islas explicaron al Relator las luchas que vienen librando en la última década contra la minería ilegal y las amenazas que enfrentan por ello, luego de que Julio Cusurichi, Presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), hiciera una presentación de contexto sobre los problemas que viven los indígenas en la región.

En su momento, Juana Payaba Cachique, expresidenta de la Comunidad, explicó cómo la decisión que la Comunidad tomó en el 2010, para impedir el ingreso de mineros, taladores y prostíbulos, le valió una denuncia penal por 6 años de prisión a toda la Junta Directiva. Y, en ese tiempo, un juez ordenó el retiro de la reja que la Comunidad había construido para que no ingresen los mineros.

La Comunidad no se amilanó y, en el 2012 logró una sentencia ejemplar del Tribunal Constitucional que ordena el cese de toda violación a su autonomía y propiedad territorial. Sin embargo, la ejecución de la Sentencia sólo se dio en parte, y los mineros siguieron ingresando, arguyendo que contaban con “concesiones mineras”.

En su turno, Clara Cagna Payaba, miembro de la actual directiva de la Comunidad, dio cuenta que Comunidad se vio obligada a seguir luchando ante los tribunales. Y, el año pasado, 2019, ganó una sentencia ejemplar. Dicha sentencia declara la nulidad de todas las concesiones mineras, predios agrícolas y derechos de agua otorgados sin consulta previa, y ordena la reparación del hábitat destruido y contaminado por la minería. Esta lucha ha dado lugar a nuevas amenazas y actos de amedrentamiento, como disparos al aire en las diligencias judiciales, por parte de los mineros, contra los miembros de la Comunidad y también contra sus abogadas defensoras. Y, además, señaló que la Fiscalía, constantemente, abre denuncias contra miembros de la Comunidad pero archiva las denuncias que la Comunidad hace contra los mineros.

Posteriormente, el presidente de la Comunidad solicitó al Relator que, por el futuro de los niños y niñas de la Comunidad, le exija al Estado el cumplimiento de sus derechos. Y, por escrito, he hizo entrega de un listado específico de pedidos, como los que siguen:

1. Que el Estado cumpla con ejecutar las sentencias que la Comunidad ha ganado y la Medida Cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

2. Que el Ministerio del Interior envíe no menos de 100 efectivos para el retiro de los mineros del territorio de la Comunidad, en cumplimiento de la Sentencia 675-2017.

3. Que el Gobierno Regional, en cumplimiento de la Sentencia 675-2017, declare en vía administrativa la nulidad de todas las concesiones y predios agrícolas otorgados sin consulta previa dentro del territorio de la Comunidad; haga estudios para la descontaminación; reforeste y repare el hábitat de la Comunidad; atienda la salud y provea de agua segura a la Comunidad.

4. Que el Tribunal Nacional de Recursos Hídricos, en cumplimiento de la Sentencia 675-2017, declare la nulidad de todos los derechos de agua otorgados sin consulta previa; y que la Autoridad Nacional del Agua prohíba nuevas autorizaciones.

5. Que el Estado garantice la seguridad de la Comunidad y sus abogadas defensoras del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS) en todas las diligencias judiciales.

La abogada del IIDS Raquel Yrigoyen Fajardo subrayó que la lucha de la Comunidad ha dado lugar a sentencias pioneras que no sólo son útiles para la Comunidad sino para todos los pueblos indígenas. Y solicitó al Relator que inste al gobierno central y regional que den cumplimiento efectivo a las mismas. También señaló que la mejor defensa de las Comunidades es que el Estado no siga dando concesiones inconsultas.

El Relator escuchó con mucha atención los planteamientos y pedidos de la Comunidad, y se comprometió a dar seguimiento este caso hasta el final. Señaló que llevará la voz de los pueblos indígenas ante el Estado.

Finalmente, el Relator indicó que la situación que enfrentan los pueblos indígenas, de persecución y amenazas por la defensa de sus territorios, amerita la visita de otros relatores, como la Relatora Especial de Pueblos Indígenas y el Relator de Derechos Humanos y Medio ambiente.

La visita del Relator al Perú concluirá el 3 de febrero con una conferencia de prensa, donde presentará sus conclusiones preliminares. Asimismo, el informe completo se entregará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2021.

MÁS INFORMACIÓN:

IIDS: www.derechoysociedad.org / iids@derechoysociedad.org

Jr. Nazca 458, Of. 101, Jesús María, Lima 11,

Tel. (51-1) 330 - 9139. 1