IIDS/IILS. Agosto 2020. El jueves 13 de agosto, se llevó a cabo el “IV Webinar Internacional: Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas y Poblaciones Vulnerables en Tiempos de Covid-19”, en el marco del Día internacional de los Pueblos Indígenas, coorganizado por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia del Poder Judicial y el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), con el objetivo de promover un intercambio de reflexiones entre autoridades de pueblos indígenas, magistrados/as y académicos/as sobre cómo encarar el acceso a la justicia en el contexto de pandemia. 

El evento congregó cerca de 1000 participantes de varios lugares del Perú, así como de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Guatemala, Costa rica, entre otros. Fue inaugurado por el Magistrado Carlos Calderón, vicepresidente de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, y la Jueza especializada Sara Gaspar Pacheco, por encargo de la magistrada Janeth Tello, presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia del Poder Judicial de Perú, quien señaló la importancia de pensar, conjuntamente, en alternativas para responder a las demandas de acceso a la justicia en el contexto de la pandemia.

Al presentar el tema, la doctora Raquel Yrigoyen Fajardo, vicepresidenta del IIDS, señaló que la pandemia ha agudizado los problemas de acceso a la justicia, incluyendo la criminalización de la justicia indígena y el retardo de los procesos constitucionales en los que pueblos indígenas demandan la efectividad de derechos colectivos como la personalidad jurídica, propiedad territorial, la consulta previa, entre otros, por lo que es necesario plantear soluciones.

El Panel Internacional inició con la ponencia del Presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, el magistrado Andrés Gallardo (Argentina), quien indicó que: “Es muy importante aplicar criterios de justicia estructurales para generar cambios”. Y agregó “la historia del avance colonial es la historia del saqueo. Y este aún continúa, nuestros pueblos indígenas están sufriendo las consecuencias cuando empresas extranjeras se apropian de los recursos naturales”. En ese contexto, planteó el reto que tienen los/as jueces de garantizar los derechos sociales y colectivos.

Desde la academia, la doctora Adriana Rodríguez (Ecuador), Coordinadora de la Maestría de derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural en la UASB, resaltó: “la grave situación que pasan los pueblos en la Amazonía demuestra la importancia de repensar cómo se deben efectivizar los derechos de los pueblos indígenas en la pandemia. Por ello, es necesario que exista una interculturalización del Poder Judicial, esto es, que se garantice la participación de los pueblos en la justicia”.

En el Panel de Pueblos indígenas, primero se presentó el caso de la Comunidad de Poyentimari, Pueblo originario Mashiguenga. Eva Cárdenas explicó: “Mi Comunidad determinó en asamblea que yo estuve casada por 40 años, y soy la viuda de Raúl Metaki, quien era profesor de una escuela bilingüe a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD), pero GOREMAD no aceptó la decisión de mi Comunidad, y no me paga mi pensión de viudez. Por eso tuvimos que hacer un juicio. El Apu de la Comunidad, Jose Kaibi, explicó: “Tenemos nuestro propio derecho consuetudinario y nuestra forma de tomar decisiones, que debe ser respetado para proteger los derechos de la familia, de la mujer y del niño.” El apu dio cuenta que su Comunidad ha ganado un amparo ante el Poder Judicial, que reconoce que la decisión de la Comunidad es como una sentencia, por lo que GOREMAD la debe acatar y pagar la pensión de viudez a Eva Cárdenas. Lamentablemente, por la pandemia, aún no se puede ejecutar esta ejemplar sentencia.

Continuó Clara Cagna, segunda vocal de la Comunidad Nativa Tres Islas, que expuso que, con el motivo de la pandemia, “No se cumple nuestra sentencia de nulidad de concesiones del 2019, donde se ordena que expulsen a los mineros. En el km. 24, los mineros siguen depredando nuestro territorio a pesar de la pandemia.” Además, quieren construir una carretera sin consulta previa, para favorecer a los mineros. Ello va en contra de la sentencia del 2012 del Tribunal Constitucional, que reconoce nuestros derechos a la propiedad y autonomía comunal. Sin el cumplimiento de estas sentencias no hay un verdadero acceso a la justicia”. Además, durante la pandemia, el Estado tampoco ha cumplido la Medida Cautelar otorgada por la CIDH a la Comunidad.

De su parte, el apu Nelton Yankur, Presidente del Pueblo Achuar del Pastaza, representado por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), resaltó: "El pueblo Achuar ha presentado en el 2014 una demanda de amparo para que el Estado garantice los derechos que nos corresponden a la personalidad jurídica como pueblo, la propiedad de nuestro territorio integral, y la nulidad del lotes petroleros establecidos sin consulta previa, pero hasta ahora no tenemos ningún resultado efectivo. Nuestro caso llegó al Tribunal Constitucional en marzo del 2019, y con la pandemia todo está paralizado. Eso es muy preocupante para nosotros”.

A su turno, Santos Saavedra, Presidente de la Central Única Nacional de las Rondas Campesinas (CUNARC-P), explicó: “Las rondas administramos justicia conforme el derecho consuetudinario. Hemos cumplido un rol efectivo de control durante la pandemia. Lamentablemente, malos efectivos policiales no han querido respetar nuestras funciones reconocidas por la Constitución. Aparte, tenemos una demanda de amparo contra el Ministerio de Cultura, SUNARP y otras entidades estatales por negarnos derechos como descendientes de pueblos originarios; pero este proceso no avanza desde el 2019 que fue admitido”. Para finalizar, Ydelso Hernández, ex Presidente de CUNARC-P expresó que: “Nosotros luchamos por nuestros derechos, como en el caso de la minera Yanacocha, que el Estado le ha dado la concesión minera Conga, que planea secar lagunas sin nuestro consentimiento, y sin respetar nuestros derechos, por eso, seguimos resistiendo”. En ese caso, el Estado no está cumpliendo la Medida Cautelar otorgada por la CIDH a ronderas y ronderos que fueron violentados.

Los comentarios sobre “Alternativas para el Acceso a la Justicia y efectividad de los derechos de los pueblos indígenas y población vulnerable” estuvieron a cargo del Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Puno e integrante de la Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial del Perú, Hernán Layme Yepes, quien concluyó: “El impacto de la pandemia tiene efectos más graves en los pueblos indígenas, considerado que han sido históricamente excluidos. El Estado de Emergencia no significa que los Pueblos no puedan impartir justicia, pues no se limita el ejercicio de su jurisdicción. Por otro lado, debo mencionar que he solicitado a la Comisión que haga un diagnóstico sobre los ronderos que son criminalizados por ejercer su jurisdicción. La Comisión se ha reunido virtualmente y estamos preocupados por este tema. A la brevedad posible adoptaremos decisiones que favorezcan a los pueblos originarios”.

Al concluir la ronda de preguntas y respuestas, Raquel Yrigoyen, del IIDS, dio por clausurado el evento, alentando a las instancias de justicia a respetar la jurisdicción indígena y no criminalizarla; e impulsar políticas para que los casos de pueblos indígenas sean atendidos de forma célere y preferente tanto por el Poder Judicial como por el Tribunal Constitucional. “Es una responsabilidad muy grande de los poderes del Estado dar efectividad a los derechos de los pueblos indígenas”. Finalmente, agradeció a los panelistas nacionales e internacionales, participantes, coorganizadores y a los equipos técnicos por haber hecho viable este Webinar.

VER IV WEBINAR INTERNACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA DE PUEBLOS INDÍGENAS Y POBLACIONES VULNERABLES EN TIEMPOS DE COVID-19

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