IIDS. Marzo 2021.- El lunes 15 de marzo, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA), la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (ASONEDH), y la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes (ASHANTI-Perú) presentaron la “Propuesta de Proyecto de Ley de Coordinación Intercultural entre Sistemas Jurídicos de Pueblos Originarios y Afroperuanos, y Entidades del Estado” al congresista Lenin Bazán, Presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República (Comisión de Pueblos).

En la reunión virtual sostenida entre las organizaciones de pueblos originarios y afroperuanos y el Presidente de la Comisión de Pueblos, los representantes de las organizaciones sustentaron su propuesta. El presidente de CUNARC-P, Santos Saavedra, explicó que, en la fecha, hay como un millar de autoridades de la jurisdicción especial perseguidas penalmente por la Fiscalía y el Poder Judicial por el sólo hecho de ejercer su autoridad, administrar justicia o defender sus territorios. Autoridades de pueblos, comunidades y rondas campesinas están procesadas o condenadas por delitos como coacción, secuestro, extorsión, etc. contra lo que manda la Constitución.

Los representantes de UNCA, Saturnino Callo y Herminia Sarmiento, explicaron que no hay respeto de sus idiomas, costumbres ni derecho propio por los jueces. “Nosotros resolvemos casos de tierras, herencias, filiación y todo tipo de problemas, pero las entidades del Estado no le dan valor a nuestras decisiones” señalaron. Y Jorge Ramírez, presidente de ASONEDH, denunció que “hay una total invisibilidad de los derechos de los pueblos afroperuanos y sus miembros ante la justicia”.

Las organizaciones proponentes explicaron que cuando toman decisiones en sus pueblos las mismas no son reconocidas por los Registros Públicos, RENIEC ni por las distintas entidades del Estado. El objetivo de la Ley es que todas las entidades del Estado respeten y acaten las decisiones de la jurisdicción especial como si fuera cualquier sentencia del Estado, como lo ordenan la sentencia del caso Eva Cárdenas.

Representantes del Pueblo Achuar del Pastaza-FENAP han explicado a este medio que todo el anterior Consejo Directivo de FENAP estuvo perseguido penalmente por ejercer su autoridad y FENAP tuvo que hacer un enorme esfuerzo para defender a sus autoridades hasta lograr archivar las denuncias. De otro lado, cuando FENAP sanciona profesores mestizos por violación de alumnas, con la expulsión de las comunidades, las autoridades educativas del Estado no respetan sus decisiones y siguen pagando a tales docentes sin que dicten clases. Por eso, exigen el respeto de su autoridad y decisiones.

Con el objetivo de dar solución a estos problemas, esta iniciativa legislativa conjunta de los pueblos indígenas y afroperuanos busca dar eficacia y validez nacional a las decisiones de la jurisdicción especial como cualquier decisión judicial del sistema jurídico ordinario, como lo manda el derecho internacional.

Las organizaciones proponentes manifiestan que, en la actualidad, no hay una verdadera “coordinación” entre la jurisdicción especial y las autoridades del Poder Judicial, como manda el artículo 149 de la Constitución, y los Protocolos del Poder Judicial no son cumplidos por los propios jueces. Por ejemplo, en un caso (caso de la familia Díaz Cigueñas), por más de dos años, el presidente de la Corte de San Martín no ha cumplido con convocar a las autoridades ronderas y los jueces para resolver un conflicto de competencia, a pesar de haber sido requerido desde Lima el 2019. Sin embargo, la Fiscalía y el Poder Judicial han seguido persiguiendo penalmente a las autoridades ronderas por usurpación y otros delitos. Por ello, las organizaciones proponentes plantean que se establezca por Ley la obligatoriedad de una Comisión de Coordinación Interinstitucional Intercultural a todo nivel.

Otro problema es que cuando las personas que no están de acuerdo con las decisiones de la jurisdicción especial y presentan denuncias o acciones constitucionales, tales son resueltas desde una visión legalista por los jueces de todas las instancias y del Tribunal Constitucional, sin una interpretación intercultural de los hechos y derechos. Por ello, los proponentes plantean el establecimiento de una “jurisdicción constitucional mixta intercultural”, a todo nivel, para que las acciones constitucionales relacionadas a estos temas y los conflictos de competencia entre la jurisdicción especial y la ordinaria sean resueltas con base en un verdadero diálogo intercultural, con participación de autoridades de ambos sistemas.

“Esta propuesta de Ley se basa en la obligación internacional de respetar los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas por el ordenamiento jurídico nacional, regional e internacional, como dice la Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas”, explicó ante la Comisión de Pueblos del Congreso Raquel Yrigoyen Fajardo, abogada del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad-IIDS, institución que ha brindado su asesoría técnica a las organizaciones proponentes.

Ante estos planteamientos de los proponentes, el presidente de la Comisión de Pueblos, Lenin Bazán, señaló que el tema es de su especial preocupación pues conoce de cerca la persecución de las autoridades de la jurisdicción especial y se comprometió a convocar a otras organizaciones indígenas para presentar un Proyecto de Ley consensuado, y con respaldo multipartidario, como en el caso del Proyecto de Ley sobre Personalidad jurídica de Pueblos. Manifestó su interés en que estas iniciativas pronto se conviertan en Ley, para hacer justicia a los pueblos originarios y afroperuanos en el marco del Bicentenario.

Como planteó el relator de las Naciones Unidas, Francisco Cali Tzay, en la reunión con el Congreso sobre el proyecto de Ley 6699 de Registro de la Personalidad Jurídica de los Pueblos indígenas y Afroperuanos, la legislación peruana debe adecuarse a los estándares y normas internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas, que ya reconocen el derecho de los pueblos a sus propios “sistemas jurídicos”. Esta propuesta de Ley busca garantizar este reconocimiento, manifestó Waldo Alor, asesor legal del IIDS.

VER PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY DE COORDINACIÓN ENTRE SISTEMAS JURÍDICOS

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