IIDS/IILS. Noviembre 2019. La Comunidad Nativa “Tres Islas”, conformada por los pueblos shipibo y Ese' Eja, hace más de una década viene acudiendo a distintas instancias locales y nacionales a fin de que retiren a los mineros ilegales que se encuentran desarrollando actividades mineras dentro de su territorio, lo cual está generando la destrucción y contaminación de su hábitat.   

La Comunidad de forma permanente realiza acciones de supervisión territorial a fin de identificar los sectores de la propiedad comunal en los que existe presencia de mineros y taladores ilegales. Si bien este problema se extiende a todo el ámbito comunal, existe sectores en los que el avance de los mineros y taladores ilegales requiere una atención prioritaria, como a la altura del Km 24 de la carretera interoceánica dentro del territorio de la Comunidad y el Lago Pastora.

Es así que el 12 de julio de 2019, cuando la Comunidad inspeccionó el territorio conjuntamente con la Fiscalía y la Policía en el marco de la Medida Cautelar, encontraron aproximadamente 20 tracas con las que estaban operando los mineros ilegales. La Comunidad solicitó que la Fiscal ordene su inmediata detención por delito flagrante. Sin embargo, la Fiscal no ordenó la detención de los mineros, ni el cese de la minería ilegal. Y, por el contrario, hizo un acta de “sensibilización” a los mineros.

El 5 de agosto de 2019, la Comunidad, con base en sus funciones jurisdiccionales, realizó inspecciones conjuntamente con 3 efectivos policiales realizaron una inspección en el Lago Pastora Grande y encontraron unas 15 tracas trabajando dentro del Lago. Los efectivos tomaron puntos georreferenciados de donde se encontraban las tracas de la actividad minera ilegal y quedaron en darles un informe y hacer una intervención en días próximos, sin embargo hasta la fecha no hay ninguna interdicción.

La última inspección que realizó la Comunidad, el miércoles 9/10/2019, cansada de la falta de apoyo por parte de las autoridades estatales y de acuerdo a sus funciones jurisdiccionales, decidió retirar a los mineros ilegales que se encuentran desarrollando actividades mineras en el Lago Pastora, en una zona intangible. Sin embargo, los terceros mineros ilegales esperaron a la Comunidad con escopetas y mostraron resistencia, como se ha demostrado en las pruebas que la Comunidad ha entregado a las autoridades estatales.

La problemática que enfrenta la Comunidad es de conocimiento de la Fiscalía Ambiental, la Policía Ambiental, la Procuraduría Pública Especializada Supranacional del Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, entre otras; sin que hasta la fecha se tomen acciones efectivas. Ello a pesar de que la Comunidad cuenta con una sentencia ganada en el Tribunal Constitucional del 2012 (Exp. 1126-2011-PHC/TC), una Medida Cautelar N.° 113-2016 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y una sentencia del Poder Judicial sobre nulidad de concesiones mineras, predios agrícolas y autorizaciones de agua (Exp.675-2017)

La Comunidad Nativa exigen que las autoridades locales y nacionales cumplan con la Medida Cautelar, la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional y que el Gobierno Regional de Madre de Dios cumpla con la nulidad de las concesiones mineras ordenada por el Juez de Madre de Dios. Sin embargo, las entidades del Estado no toman las acciones correspondientes para retirar a los mineros dentro su territorio, por esta razón la Comunidad se siente burlada y ha perdido la confianza en la justicia y las autoridades.

Por ello, la Comunidad en base a sus funciones jurisdiccionales ha decidido organizarse para retirar a los terceros que invaden su territorio y destruyen el Lago Pastora, sin embargo, han tomado conocimiento que los mineros ilegales están armados y los han amenazado. A pesar de este riesgo, las autoridades de la Comunidad han manifestado defender su territorio y sus derechos.

La Comunidad se siente muy consternada, porque han agotado todas las vías para exigir el respeto de sus derechos, incluso presentando evidencias, pero las autoridades de Puerto Maldonado, ni el Estado peruano cumplen con las exigencias de la sentencia ganada en el 2012, que garantiza la autonomía y la propiedad territorial indígena frente al ingreso de mineros y taladores ilegales en el territorio de la comunidad.

VER TAMBIÉN:

-Nota sobre sentencia de 1era Instancia

- Sentencia de 1era Instancia

- Nota sobre sentencia de 2da Instancia

- Sentencia de 2da Instancia

-Medida Cautelar de la Comunidad Nativa "Tres Islas" (Nº 113-16)

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